Jueza argentina acepta investigar la desaparición de García Lorca

La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de derechos humanos durante el franquismo, ha aceptado la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
El poeta granadino Federico García Lorca. EFE/ARCHIVOEl poeta granadino Federico García Lorca. EFE/ARCHIVO

García Lorca, poeta destacado de la Generación del 27, fusilado el 18 de agosto de 1936, se ha convertido en un símbolo de las víctimas de la Guerra Civil, pero la localización exacta de su enterramiento y la recuperación de sus restos ha sido fuente de polémica desde que se planteó esta posibilidad.

Su familia se ha opuesto reiteradamente porque no quiere que la exhumación se convierta en un espectáculo mediático.

Después de que durante años se pensara que el poeta estaba enterrado en el barranco de Víznar, posteriores investigaciones llevadas a cabo por historiadores como Gibson, situaban la fosa en la Fuente Grande de Alfácar, a un kilómetro de distancia.

Todo el proceso para la localización y apertura de la fosa comenzó en septiembre de 2003, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en nombre de varios nietos de Dióscoro Galindo y Francisco Geladí, pidió al ayuntamiento de Alfácar (Granada) autorización para buscar los restos de estas dos personas fusiladas y sepultadas supuestamente junto a Lorca.

Desde entonces, esta petición ha pasado por un laberinto judicial y administrativo, en el que se han cruzado, la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, en 2007 y la disputa entre el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y la Fiscalía sobre su competencia para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

Ante la oposición de la Fiscalía, el 18 de noviembre de 2008 Garzón decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir un mes antes.

El caso de la fosa en la que estaría Lorca pasó, en abril de 2009, al Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que rechazó asumir la causa, argumentando que lo sucedido debe considerarse “crímenes contra la humanidad”, por lo que sería competente la Audiencia Nacional.

Ante esta decisión, Garzón recurrió al Tribunal Supremo para que resolviera la competencia, y el 29 de marzo de 2012 éste resolvió que los juzgados locales eran los competentes. Siguiendo esta vía, la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en agosto de 2009 comenzó el proceso para la exhumación, solicitada por la ARMH.

En enero de 2012 el ayuntamiento de Alfácar autorizó un sondeo arqueológico con “procedimiento manual” solicitado por el historiador Miguel Caballero y en en junio de 2016 la Junta de Andalucía, dio luz verde al proyecto de búsqueda de fosas comunes en los terrenos de Alfacar. EFE/DOC

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