Un Juez ordena el cese de actividades de Uber en España

Un juez de Madrid ordena cautelarmente la prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber al considerar que sus conductores realizan una actividad que supone competencia desleal.
 Un taxi muestra con pintadas su descontento frente a Uber en manifestación. EFE/Archivo/ALBERTO MARTIN Un taxi muestra con pintadas su descontento frente a Uber en manifestación. EFE/Archivo/ALBERTO MARTIN

Un taxi muestra con pintadas su descontento frente a Uber en manifestación. EFE/Archivo/ALBERTO MARTIN

La plataforma Uber para gestionar la contratación de vehículos en la ciudad a través del móvil, a pesar del cese cautelar y las protestas, continúa presente entre las aplicaciones de consumo colaborativo desde 2011.

La aplicación Uber y su servicio UbuePOP, desembarcó en España el pasado abril en Barcelona, después en Madrid (septiembre) y más recientemente en Valencia (octubre), tras operar en varios países, en pleno auge de las “apps” de ahorro para el ciudadano.

Con sede en San Francisco (EEUU), Uber fue creada en 2009 por los jóvenes Travis Kalanick y Garret Camp, en 2011 salió en Estados Unidos, ofreció sus servicios en París y un año después, se puso en marcha en Toronto y Londres.

Se ideó como un servicio para atender la demanda de transporte por encargo a través de una aplicación de teléfono móvil o tableta.

En Uber, el conductor recibe una cantidad con un descuento de un 20%, que es la suma que se queda la aplicación por poner en contacto coches y clientes.

Está presente en 52 países y, a pesar del éxito entre la población, se ha encontrado con una marcada oposición en el sector del taxi y el transporte en diferentes ciudades.

Frente a su expansión, los profesionales del mundo del transporte, sobre todo del taxi y autobuses, continúan expresando su rechazo.

El 11 de junio se registraron las primeras protestas en Madrid, con paros que se repitieron el 1 de julio, tanto en Madrid como Barcelona.

Dos días después, el ministerio de Fomento expresó que velaría por el cumplimiento de la legislación española, por la que quienes den servicios sin autorización cometen una infracción muy grave sancionable con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, que podrían aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.

También pueden ser sancionados los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados, con multas de entre 401 y 600 euros. EFE/doc

 

 

 

 

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