El tribunal de mayor rango en España asumirá el proceso catalán

El Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes en España, a excepción de los procesos en materia de garantías constitucionales, asumirá con toda probabilidad las causas relacionadas con el proceso separatista catalán -actualmente dispersas en la Audiencia Nacional y juzgados de instancia inferior catalanes-, una enventualidad judicial con significado político en la actual coyuntura en España.
Numerosos periodistas esperan a la puerta del Tribunal Supremos la llegada de la presidenta del Parlament de Cataluña y los miembros de la Mesa de laNumerosos periodistas esperan a la puerta del Tribunal Supremos la llegada de la presidenta del Parlament de Cataluña y los miembros de la Mesa de la Cámara, el pasado 2 de octubre. EFE/Archivo/Fernando Villar

 

Evaristo Amado 

El artículo 132 de la Constitución española otorga el máximo nivel jurisdiccional al Supremo, que comparte con los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma la competencia de enjuiciar a los políticos que ostentan la condición de aforado en España -en el país existen aproximadamente 280.000 personas aforadas, entre diputados, senadores, eurodiputados y miembros de otras instituciones del Estados, del poder judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad-.

A causa de la dispersión de las iniciativas judiciales que investigan las acciones que desembocaron en la declaración unilateral de independencia aprobada por el parlamento catalán el pasado 27 de octubre, el juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Guardia Civil todas sus diligencias de investigación sobre este caso, un avance del magistrado para hacerse con todos los sumarios de este caso abiertos en distintos tribunales. 

Antes, Llanera había otorgado un plazo a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para que informe sobre aspectos procesales, como paso a previo a decidir si el alto tribunal asume finalmente todas estas investigaciones, incluida la que reclamó la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre los miembros de la mesa del parlamento catalán, órgano que declaró la independencia de Cataluña.

La decisión de Llarena no se sale de los parámetros ordinarios en lo jurídico, pero sí adquiere relevancia política al haber mantenido el Supremo un criterio diferente al de la Audiencia Nacional -de jurisdicción inferior al Supremo y que se encarga, por ejemplo, de delitos contra la administración o de terrorismo- a la hora de decidir sobre los exconsejeros del gobierno regional catalán acusados de rebelión y sedición.

La Audiencia Nacional abrió en un primer momento una causa por sedición contra el entonces responsable de la policía regional catalana, además de otra responsable del cuerpo y los dos líderes de las organizaciones sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Estos dos últimos se encuentran en prisión desde el 16 de octubre.

Posteriormente, tras admitir a trámite la querella que interpuso la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 13 miembros de su gobierno, ordenó el dos de noviembre el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 7 exconsejeros.

El también exconsejero Santi Vila quedó en libertad bajo fianza -dimitió antes de la declaración de independencia-, mientras que el resto huyó a Bélgica junto al expresidente Carles Puigdemont. Sobre estos últimos pende una orden europea de detención que actualmente tramita la justicia belga.

Según la jueza de la Audiencia Nacional, todos ellos se aprovecharon de su condición de consejeros para promover y utilizar “la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas” y “participaron decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su constitución en república independiente”.

De forma paralela, el Supremo investiga las acciones que desembocaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña llevadas a cabo por aforados: la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros miembros de la mesa de gobierno de la cámara legislativa, a los que interrogó y finalmente dejó en libertad bajo fianza. Todos ellos están acusados por la Fiscalía de rebelión y sedición.

Los dos criterios enfrentados de los tribunales con respecto a la prisión provisional de los políticos y líderes independentistas ha sido controvertida, ya que han mostrado su rechazo incluso partidos no independentistas; y ha sido protestada en la calle en una gran manifestación convocada por los soberanistas catalanes para exigir la libertad de los que consideran ‘presos políticos’.

Muchos analistas políticos coinciden en que la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión provisional a parte de los antiguos integrantes del gobierno regional catalán -destituido de forma fulminante por el Gobierno de España en aplicación de un artículo constitucional tras la declaración unilateral de independencia- es un argumento que emplearán en su favor los independentistas de cara a las elecciones catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre. 

De hecho, varias formaciones soberanistas catalanas han anunciado que los políticos encarcelados formarán parte de las candidaturas electorales para esa jornada -la ley española permite ser candidato electoral hasta que una exista una sentencia condenatoria en firme que retire el derecho al sufragio pasivo-.

Por ello, la decisión del juez del Supremo de acumular en sus manos las causas podría desembocar en la libertad bajo fianza a los políticos hoy en prisión, dictada anteriormente en el caso de la presidenta del parlamento catalán y otros integrantes de la cámara.

El Supremo los liberó después de que la presidenta de la cámara catalana y el resto de acusados acataran la decisión del Gobierno de destituir al ejecutivo catalán y renunciaran a la vía unilateral hacia la independencia y cualquier actuación futura fuera del marco de la Constitución.

La salida de la cárcel de los exresponsables de gobierno catalanes tendría efectos políticos de cara a las elecciones de diciembre, ya que previsiblemente rebajaría la tensión en los comicios, pero no jurídicos, puesto que el criterio del Supremo para dictar libertad provisional no implica atenuar los delitos que se achacan a los acusados.

El Supremo consideró constatada en la acción de los líderes catalanes para los que dictó libertad bajo fianza la existencia de elementos achacables al delito de rebelión, un acusación muy grave que implica un levantamiento con violencia y contempla penas de entre 15 y 25 años. EFE 

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