CÉNTIMO SANITARIO

Tribunal UE: el “céntimo sanitario”, contrario al derecho europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el "céntimo sanitario" recaudado en España "es contrario" al derecho comunitario. Esta decisión abre la vía a la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros cobrados por este concepto entre los años 2002 y 2011.
Efe/Archivo/NACHO GALLEGOEfe/Archivo/NACHO GALLEGO

El “céntimo sanitario”, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH), es un tributo indirecto aplicado por la mayoría de las autonomías españolas sobre el precio de los carburantes para intentar solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública.

Desde el 1 de enero de 2013, en virtud de una ley de 2012, los distintos “céntimos sanitarios” fijados por las comunidades autónomas dejaron de ser tasas independientes para integrarse en el Impuesto sobre Hidrocarburos, en forma de tramo específico de éste.

El tipo impositivo se desdobla en tres tramos: el estatal general (400,69 euros por cada 1.000 litros de gasolina), el estatal especial (24 euros por cada 1.000 litros) y el autonómico. El capítulo impositivo de las autonomías es donde existe disparidad.

El origen de esta medida se remonta a 2001, cuando se diseñó un nuevo modelo de gestión que introducía como nueva figura impositiva un tributo sobre ventas minoristas de hidrocarburos para financiar los servicios sanitarios.

En vigor desde el 1 de enero de 2002, esta tasa incluía una parte estatal obligatoria y la posibilidad de añadir otro tramo voluntario de carácter autonómico.

El “céntimo sanitario” fue aplicado por Madrid desde agosto de 2002, Asturias y Galicia, desde enero de 2004 y Cataluña, a partir de 2004. Posteriormente, y a consecuencia de la crisis económica, fueron sumándose la mayor parte de las comunidades restantes.

El caso llegó a la Justicia europea después de que la empresa Transportes Jordi Besora, establecida en Cataluña, solicitara la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 en concepto de impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los jueces de la UE que determinaran si ese impuesto respeta la normativa europea.

Efe/Doc

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