Toros, las autoridades catalanas y la Justicia también se enfrentan

La decisión del Tribunal Constitucional de anular la prohibición de las corridas de toros en Cataluña suma un nuevo frente a la confrontación que libran las autoridades catalanas contra las decisiones judiciales desde que lanzaron su desafío independentista.
Defensores de las corridas de toros ante las puertas del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/Toni GarrigaDefensores de las corridas de toros ante las puertas del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/Toni Garriga

Carlos Moral

 

La respuesta de la Generalitat, y en este caso también de las autoridades municipales de Barcelona, ha sido rotunda: no habrá corridas de toros en Cataluña a pesar de la decisión judicial.
En el contencioso se mezclan múltiples factores: conflicto de competencias entre la Generalitat y el Gobierno central, protección animal y, como trasfondo, el debate identitario que recorre todos los ámbitos de la vida pública en Cataluña.
Cuando la Generalitat decidió en 2011 prohibir la llamada “fiesta nacional” -la última corrida de toros en Barcelona se celebró el 25 de septiembre de 2011-, lo hizo en virtud de su potestad para regular los espectáculos públicos y la protección de animales.
Sin embargo, la sentencia del alto tribunal, adoptada con el voto a favor de ocho magistrados y el voto particular de los otros tres, establece que esa potestad decae frente a las competencias que tiene en Cultura el Estado y, en concreto, sobre la legislación que aprobó declarando la tauromaquia como patrimonio cultural en toda España.
La Ley para la Regulación de la Tauromaquia fue promulgada el 12 de noviembre de 2013, después de su aprobación por las Cortes. Tuvo su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en marzo de 2012 en el Congreso por la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 590.000 firmas.
La iniciativa era una respuesta a la aprobación por parte del Parlamento catalán, en julio de 2010, de otra ILP, en este caso para prohibir los toros, que contó con 68 votos a favor (CIU, ERC e ICV-EUiA) y 55 en contra (PP y Ciudadanos y la mayor parte del PSC, que dio libertad de votos a sus parlamentarios).
La prohibición de la lidia no afectó a espectáculos como los “correbous”, festejos taurinos muy arraigados en algunas partes de Cataluña en los que no muere el animal y que se protegieron con la proposición de ley que aprobó el Parlamento catalán dos meses después.
El debate no fue ajeno entonces a la cuestión identitaria, y PP y Ciudadanos denunciaron el afán de los abolicionistas de acabar con “este signo de identidad español”.
En realidad, el contencioso taurino en Cataluña viene de lejos. En abril de 2004 Barcelona fue el primer municipio de España en proclamarse ciudad antitaurina, a raíz de una declaración institucional que aprobó en votación secreta el ayuntamiento, entonces gobernado por los socialistas, con 21 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
La sentencia del Constitucional no significa que las corridas de toros vayan a volver a Cataluña, porque aunque las autoriza para su celebración tiene que haber empresarios dispuestos a organizar el espectáculo.
Actualmente, la única plaza de toros de la región en manos privadas y que estaba en activo cuando se produjo la prohibición es la Monumental de Barcelona. El Grupo Balañá, propietario del ruedo, ha declinado hasta ahora pronunciarse sobre la sentencia. Mientras, la Generalitat subraya que para la Monumental son más rentables espectáculos de circo y conciertos que las corridas de toros.
Las autoridades autonómicas y las del Ayuntamiento de Barcelona insisten en que se no permitirán la vuelta de las corridas de toros y afinan su respuesta legal a la decisión del Constitucional, aunque por ahora no concretan cómo se articulará.
Ambas obvian el trasfondo identitario y se centran el asunto en el terreno de los derechos de los animales: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esgrime la ordenanza municipal que impide infringir sufrimiento a los animales y el conseller Josep Rull subraya que “en el siglo XX es inaceptable un espectáculo basado en el sufrimiento y la muerte de un animal”.
Una posible vía para el recurso la ofrecen los votos particulares en la sentencia del Consitucional, que señalan que la sentencia no ha tomado en consideración suficiente las competencias autonómicas. Otras fuentes apuntan a que el tribunal ha violentado su propia jurisprudencia, al anular una ley del Parlamento catalán valiéndose de otra aprobada posteriormente.
En la actualidad, aparte de Cataluña, la única comunidad donde están suprimidas las corridas de toros es Canarias, donde quedaron suspendidas en 1991 al aprobarse la Ley de Protección de los Animales. EFE

 

 

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Publicado en: Análisis