Un “todos contra todos” en el mapa autonómico

La práctica inexistencia de mayorías absolutas en los distintos Gobiernos autonómicos y las agendas diferenciadas de las regiones en función de su deuda y su población van a dificultar la negociación de asuntos clave como el nuevo sistema de financiación, ya encallada la pasada legislatura.
Vista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y los consejeros de HacieVista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y los consejeros de Hacienda de las diferentes autonomías. EFE/Archivo/Mariscal

 

Evaristo Amado

 

Con el pacto de investidura que permitirá al Gobierno del nacionalista Iñigo Urkullu (PNV) seguir al frente del Gobierno vasco gracias al apoyo de los socialistas se ha cerrado un mapa autonómico más complejo que nunca, en el que los partidos tradicionalmente hegemónicos han necesitado tejer alianzas, en muchas ocasiones inéditas, para acabar conformado un panorama político muy volátil.
Fue Andalucía la comunidad que en el primer trimestre de 2015 abrió el calendario político renovador en los Ejecutivos regionales. Allí, el PSOE de Susana Díaz se vio abocado a un pacto nunca visto con Ciudadanos para retener el Gobierno.
Desde entonces, con la única salvedad de la mayoría absoluta del PP en Galicia, tanto los Ejecutivos regionales salidos de las urnas en mayo de 2015 como las dos citas electorales posteriores (Cataluña y País Vasco) han necesitado del pacto para gobernar.
De este modo, el PP depende de Ciudadanos en Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, mientras que el PSOE depende de Podemos y otras fuerzas en Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares.
Los gobiernos encabezados por nacionalistas o regionalistas también dependen de otras formaciones en Cataluña, Navarra, Canarias y Cantabria.
Que esta tupida red de alianzas diversas condiciona el conjunto de la política española quedó claro en las negociaciones de los pactos previos a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, por ejemplo en las distintas posturas del PSOE andaluz y valenciano -uno depende de Ciudadanos y el otro de Podemos- sobre la estrategia de la formación. O la presión de Podemos sobre Gobiernos regionales socialistas, como el extremeño.
Ahora con la reapertura de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que regresa al primer plano político aunque ya fue uno de los caballos de batalla del Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura, serán necesarias una negociaciones intrincadas.
El debate se ha avivado con las polémicas declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que los madrileños están financiando los servicios públicos andaluces.
Ya el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, advertía antes de las elecciones que el mapa político que se avecina hacía más complicada la reforma por la obligación de poner “a más gente de acuerdo”.
Pero el problema radica en los intereses cruzados entre las diferentes administraciones, que hacen sus cálculos ?a la carta?, tomando como criterio de reparto en función de sus intereses el número de población o el coste de los servicios públicos según su dispersión territorial o su envejecimiento.
Cataluña ya ha avanzado que quiere una negociación directa con el Gobierno central, y no multilateral, y en los últimos meses se suceden las reuniones bilaterales de presidentes autonómicos entre sí para conformar alianzas en función de sus expectativas y necesidades (Cataluña-Valencia, Extremadura-Canarias, Baleares-Murcia, Castilla-La Mancha-Aragón).
Las endeudadas y pobladas comunidades del eje mediterráneo -Cataluña, Valencia, Baleares- quieren hacer valer su peso demográfico, y los presidentes del PP catalán, valenciano, murciano y andaluz han firmado el manifiesto “Juntos por el Mediterráneo” para pedir al Gobierno central un nuevo modelo de financiación autonómica “justo”.
Madrid, la región con menor deuda en relación a su economía, pondrá sobre la mesa su mayor aportación a la ‘caja común’ y Canarias hará valer su apoyo a la investidura de Rajoy, mientras que Andalucía reclama algo más de 1.000 millones de euros más al año por el coste de los servicios que gestiona para once millones de ciudadanos.
Otras ocho comunidades de menor población e industrialización, con un nivel medio de deuda y Gobiernos muy diferentes –Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y La Rioja– han dado pasos para hacer valer en el nuevo modelo el envejecimiento y la pérdida de población.
Todas ellas están representadas en el Foro de las Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, donde han planteado un decálogo que destaca la necesidad de que tanto la Unión Europea como España dediquen fondos específicos a atajar un “problema de Estado” como la despoblación.
Rajoy quiere tener un nuevo modelo en la primera parte de la legislatura, pero reconoce la dificultad de sacarlo adelante.
El Gobierno cree necesario blindar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios y compensar a comunidades como Valencia, Murcia o Baleares, infrafinanciadas en el actual modelo, que aprobó el último Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra del PP.
Por eso su gran reto será conciliar los intereses de gobiernos autonómicos, en su mayoría liderados por adversarios del PP que, a su vez, están sometidos a la presión de sus socios de gobierno. EFE

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Publicado en: Análisis