República Centroafricana, el peligro de una nueva Ruanda

Veinte años después de que los hutus extremistas de Ruanda cometieran una de las mayores masacres de la Historia, el peligro de un nuevo genocidio planea sobre la República Centroafricana (RC), donde las voces de alarma claman contra la pasividad internacional.
Soldados del contingente de paz congoleño (FAC) patrullan las calles de Bangui, República Centroafricana (RC). Amnistía Internacional (AI) denunciaSoldados del contingente de paz congoleño (FAC) patrullan las calles de Bangui, República Centroafricana (RC). Amnistía Internacional (AI) denuncia que las fuerzas internacionales de paz no han logrado evitar una "limpieza étnica" de civiles musulmanes. EFE/Archivo/Legnan Koula

Javier Marín

Enero de 1994: el general del Ejército canadiense Romeo Dallaire, al mando de la misión de paz de la ONU en Ruanda, advierte a Nueva York de que las Fuerzas Armadas de este país están acumulando una gran cantidad de armas y municiones para un ataque inminente.

Más señales: los soldados están comprobando los documentos de identidad de la población, en los que se especifica la pertenencia a las etnias hutu o tutsi. Están marcando su objetivo. Dallaire pide autorización para hacer una redada en los depósitos de armas y solicita un refuerzo de 2.000 soldados, pero la ONU rechaza sus pretensiones.

El 7 de abril la falta de interés hacia un país sin grandes recursos naturales que explotar da luz verde a una masacre urdida desde el odio. En apenas cien días, cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados son asesinados de forma salvaje. La alianza de naciones “fracasó”. El genocidio “nunca debió ocurrir”, reconocería el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan una década después.

Abril de 2014. Bangui, capital de la RC:La ciudad y el país solo existen en el mapa. No hay Gobierno, no hay Policía, no hay Ejército. Caos y muchísimo peligro, eso es lo único que tenemos, y nadie parece querer solucionarlo”, describe a Efe Agustín Cuevas, religioso español de una parroquia que refugia a 3.000 personas.

El colapso comenzó a gestarse hace dos años, cuando la coalición rebelde musulmana Séléka se alzó en armas en el norte del país, con el pretexto del incumplimiento de los acuerdos de paz firmados con el entonces presidente, François Bozizé.

Los rebeldes iniciaron un avance que culminó el 24 de marzo de 2013 con el asalto a la capital. Bozizé huyó y Michel Djotodia, líder de Séléka, asumió la presidencia interina en un país con población mayoritariamente católica y una incipiente milicia radical cristiana, los “Anti-Balaka”. 

Las ONG lanzaron entonces sus primeras advertencias sobre el peligro potencial de un conflicto religioso, pero, como sucedió en Ruanda, sus llamadas se perdieron entre la burocracia mundial, poco dispuesta a escuchar.

Finalmente, la tensa espera de unas elecciones que nunca llegaron y los abusos de la coalición musulmana al frente del Gobierno, que mataron a cientos de civiles cristianos e incendiaron sus iglesias, estalló en violencia incontrolada. 

Contraatacaron los “Anti-Balaka” en Bangui y el conflicto se propagó con rapidez por todo el país. Los muertos se contabilizaron demasiado pronto por miles, y los desplazados por cientos de miles.

El caos y la presión internacional, con una insuficiente presencia de tropas francesas y africanas, derrocaron a Djotodia y erigieron a Catherine Samba-Panza -hasta entonces alcaldesa de la capital- como presidenta, el tercer jefe de Estado en un año. Expulsado Djotodia, las milicias cristianas entendieron que era la hora de la venganza y se lanzaron contra la población musulmana a golpe de machete. 

El odio entre ambas comunidades ha alcanzado un nivel “terrorífico”, reconoció recientemente la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al subrayar que “se ha decapitado a niños, y al menos en cuatro casos se han comido su carne”.

Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses decenas de salvajes ataques contra comunidades musulmanas con miles de víctimas, un “fracaso” de las tropas internacionales ante unos acontecimientos “completamente predecibles”.

Los musulmanes “temen ser masacrados”, admite Volker Turk, director de protección internacional del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), agencia que va a intentar evacuar a 19.000 de ellos como solución de urgencia ante el improbable despliegue de cascos azules, que no se espera antes de septiembre.

La propia ONU ha puesto voz a un peligro que vuelve a ser real: “existen todos los elementos que hemos visto en lugares como Ruanda o Bosnia para que haya un genocidio“, avisó en enero el jefe de operaciones de la Oficina de Ayuda Humanitaria, John Ging.

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