Cataluña: el referéndum provoca diferencias entre los independentistas

A tres meses del referéndum de independencia anunciado por el Gobierno de la Generalitat, han sido el propio Ejecutivo catalán y, en particular, uno de los partidos que lo integra, el PDeCAT, los primeros en sufrir las consecuencias del proceso que impulsan.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, junto a los miembros de los partidos independentistas durante la presentación de la ley de referéndumEl presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, junto a los miembros de los partidos independentistas durante la presentación de la ley de referéndum. EFE/Archivo/Andreu Dalmau

Carlos Moral

Las diferencias en el Ejeutivo catalán en torno a los ritmos y estrategias de la apuesta soberanista han dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad explícita tras el fulminante cese del consejero de Empresa del Gobierno catalán, Jordi Baiget.

Baiget señaló que “el Estado tiene tanta fuerza que probablemente” no podrán hacer el referéndum, sino “alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N (la consulta soberanista efectuada en 2014)”, y admitió temer por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.

Por ahora, los hechos no desmienten las consideraciones de Baiget: el Gobierno central impedirá la consulta y la mayoría de las fuerzas políticas coinciden en que el referéndum unilateral que plantean los independentistas es ilegal y carece de garantías. Por otra parte, varios compañeros del consejero cesado han sido ya condenados por la consulta de 2014.

Sin embargo, el presidente catalán, Carles Puigdemont, leyó las declaraciones de Baiget como una vía de agua en las filas secesionistas y cesó al consejero, pese a que poco antes la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, había asegurado su continuidad.

Por su parte, la CUP, la formación antisistema e independentista que proporciona soporte al Gobierno, había exigido la destitución.

La salida de Baiget ha provocado gran malestar en el PDeCAT. Este partido, heredero de Convergencia, la formación política que ha dominado la política catalana desde la llegada de la democracia, parece estar pagando la factura del proceso independentista que puso en marcha, tanto desde el punto de vista interno como electoral.

Uno de los condenados por la consulta del 9N de 2014, el exconseller Francesc Homs, resumía el descontento en el partido poco después del cese de Baiget: “¿Cómo es que de momento somos los del PDeCAT a los que nos condenan los de Madrid y/o nos quieren fuera algunos de Cataluña? Hasta los huevos”.

Una desazón que habrán atizado las últimas encuestas. Un sondeo publicado por El Confidencial el pasado día 3 sitúa al PDeCAT con un exiguo 9 % de los votos, mientras que a sus socios de Gobierno, los independentistas de ERC, les otorga un 30,9 %, el mejor resultado de su historia.

En las elecciones autonómicas de 2012 -en 2015 los dos partidos concurrieron unidos en la candidatura Junts Pel Sí- Convergencia logró el 30,7 % de los sufragios y ERC, el 13,7 %.

De confirmarse los datos que adelantan las encuestas, la antigua Convergencia protagonizaría un hundimiento sin precedentes en apenas cinco años, justo desde que tomó la bandera de la independencia de la mano del expresidente catalán Artur Mas, y pasaría a ocupar una posición marginal, mientras sus otrora rivales nacionalistas ocuparían el centro del escenario.

Así las cosas, el proceso secesionista se ha convertido en un laberinto para sus impulsores, que buscan la salida en la convocatoria del 1 de octubre y tratan, sin éxito, de sumar apoyos a su iniciativa.

Uno de los que pretenden es el de los comunes, las fuerzas de izquierda agrupadas en torno al liderazgo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, Colau subraya que “siempre” ha defendido un referéndum “con garantías” como solución “real y democrática” a la situación política de Cataluña y que seguirá “trabajando para hacerlo posible”.

Tanto los comunes como Podemos se han mostrado favorables a que los catalanes se pronuncien sobre la independencia, pero en un plebiscito acordado y no unilateral y que cumpla con todos los preceptos legales.

Un formato imposible a día de hoy por la negativa del Gobierno central a negociar la consulta y su determinación a impedir que se lleve a cabo, y también por la voluntad del Gobierno catalán de seguir adelante con él en cualquier circunstancia.

Cuando quedan menos de 90 días para el 1 de octubre, la fecha marcada por los secesionistas para el referéndum, no se atisba ningún salida que permita evitar el choque de trenes, aunque la crisis en el Gobierno catalán plantea dudas sobre si se mantendrá la unión en el bloque independentista.

La futura Ley catalana de Referéndum de Autodeterminación, presentada por Junts Pel Sí y la CUP, parece indicar la voluntad del Gobierno catalán de doblar su apuesta: el texto prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el “sí” en un eventual referéndum, mientras que si gana el “no” la Generalitat convocaría unas autonómicas.

La respuesta del Gobierno tampoco deja lugar a dudas: “al Estado le bastan 24 horas para recurrir (la ley de referéndum) y obtener su paralización”, aseguró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en declaraciones a EFE.