Reclutamiento infantil y trata en Colombia: vías para encontrar justicia

Llama estrepitosamente la atención que los niños y niñas reclutados para la guerra estén en los márgenes de los procesos de paz.
investigadora de la Universidad de Deustoinvestigadora de la Universidad de Deusto

Ángela Iranzo Dosdad, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad de Deusto

 

No son considerados por las partes negociadoras, ni por sus respectivas sociedades, como un pilar clave para impulsar el cambio, pese al uso de conceptos como paz “duradera”, “sostenible” o “prospectiva”. Pero, ¿cómo puede la paz mirar al futuro si las generaciones que han de construirlo son ignoradas?

En el caso particular de Colombia, la Fiscalía General de la Nación apuntaba, en mayo de 2016, a 11.556 casos de reclutamiento ilícito sólo por las FARC. La cifra que incluye también a otras guerrillas, paramilitares y bandas criminales se desconoce.

Muy probablemente, serán cientos de miles los menores que, con demasiada frecuencia, encontraron en los grupos armados ilegales una opción de empleo, de protección ante grupos rivales o violencia intrafamiliar, y de identidad como parte de un grupo social cohesionado. Esto significa la pérdida de un eslabón imprescindible para la formación de una sociedad sano: un adecuado proceso de crecimiento infantil y adolescente.

En Colombia son ya muchas las generaciones perdidas. Y, por esta misma razón, es sobrecogedor comprobar que son muy pocas las víctimas de reclutamiento que llegan a la justicia y, las que lo hacen, son tratadas con indiferencia, sin dimensionar la gravedad del delito y su impacto personal y social.

Un estudio realizado por la Universidad de La Sabana y la Universidad de Deusto analiza 132 casos de menores reclutados que llegaron a la justicia ordinaria entre 2008 y 2016. Y, entre otros, demuestra que su acceso al sistema de justicia es tan deficiente como nulo. El 70 % de los casos estudiados corresponde al paramilitarismo y el 30 % restante a los grupos guerrilleros.

La mayoría de quienes fueron niños y niñas soldado llegaron a la justicia en calidad de testigos llamados a declarar o como victimarios, en lugar de víctimas de reclutamiento ilícito, puesto que el 98 % de los 132 casos se inició por actuación de oficio. En agosto de 2016, solo 35 casos habían sido resueltos, dictando 86 sentencias condenatorias. Las penas de cárcel oscilan entre 3 y 5 años, pero la realidad es que muchos condenados han quedado exentos de prisión.

Esto se explica porque, para los crímenes de reclutamiento ocurridos entre 2000 y 2004, no es posible la aplicación retroactiva de la Ley 890 de 2005 que aumenta las penas de entre 6 y 10 a 8 y 15 años de cárcel. Además, según la legislación colombiana, si el condenado reconoce sus cargos y colabora con la justicia, la pena puede reducirse a la mitad del mínimo establecido por ley; de modo que si queda en menos de 4 años no requiere encarcelación.

En materia de reparación a las víctimas, sólo 19 de las 86 sentencias incluyen expresamente reparación por indemnización. No obstante, las cuantías son tan reducidas que los niños y niñas víctimas de reclutamiento quedan al nivel de quienes han sufrido delitos ordinarios como fraude, atraco o un delito contra la propiedad.

En definitiva, la investigación desarrollada por Deusto y La Sabana arroja tres mensajes claros: primero, quienes han sufrido el delito se reconocen antes como victimarios que como víctimas; segundo, la impunidad es la respuesta de la justicia ordinaria colombiana; y, tercero, la inexistente reparación integral a las víctimas revela que las autoridades públicas no entienden lo que significa que estas personas hayan perdido su infancia al servicio de las violencias, política y criminal, de la guerra.

Si bien el Estado colombiano reconoce el reclutamiento ilícito como una violación de los derechos humanos (Convención de los Derechos del Niño y Protocolo Facultativo a la Convención de 2000), como un crimen de guerra (Estatuto de Roma) y como una de las peores formas de trabajo infantil que merece la consideración de esclavitud (Convenio 182 de la OIT), la respuesta de la justicia es tan pobre que estas personas no encuentran incentivo alguno para acercase a ella.

Pero es justamente este sistema de justicia frustrada lo que obliga a explorar otras posibles vías que puedan resultar en más empatía social, más reconocimiento judicial y más garantías de reintegración de estos niños, niñas y jóvenes; sobre todo ahora que continúan los procesos de justicia especial para los paramilitares desmovilizados y arranca la Justicia Especial para la Paz, acordada con las FARC-EP.

En la búsqueda de estas alternativas, algunos expertos invitan a considerar las similitudes entre el reclutamiento ilícito y la trata en contextos de guerra. Sin duda, al menos dos acciones son centrales en ambas definiciones: la captación forzosa y la explotación, sea para generar beneficios económicos o algún otro tipo de utilidad al reclutador.

Por lo tanto, ¿podría interpretarse el reclutamiento como trata de niños y niñas para la guerra? O, al menos, ¿podrían interpretarse como dos delitos que concursan en estos contextos? Desde luego, no es ningún disparate que los niños y niñas que hacen de vigilantes, patrulleros o combatientes, pero también cocinan, lavan y satisfacen los caprichos sexuales de los comandantes, sean reconocidos como víctimas de reclutamiento y de trata.

El deber de todo funcionario público es garantizar el principio del interés superior del menor. Por tanto, una pregunta más es obligada: ¿facilitaría más empatía social hacia las víctimas y más garantías en términos de justicia, sea ordinaria o especial, poner en relación reclutamiento y trata? Comprender el daño sufrido por estos niños y niñas en clave de trata, permite asimilar su experiencia a una forma de esclavitud contemporánea que, posiblemente, atraiga más comprensión social, algo más justicia y más expectativas de futuro para estas generaciones que todavía no están perdidas.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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