Rajoy responde al desafío independentista con la ley y sin estridencias

El Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy se atiene a la ley vigente y no descarta emplear ninguna de sus herramientas para impedir el referéndum sobre la independencia de Cataluña que el Gobierno catalán ha convocado para el próximo 1 de octubre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su comparecencia ante los medios tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. EEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su comparecencia ante los medios tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. EFE/ Emilio Naranjo

 

Carlos Moral

Es la misma respuesta que viene dando desde que comenzó el desafío secesionista, incluida la consulta del 9 de noviembre de 2014, por cuya celebración han sido juzgados e inhabilitados varios de los entonces miembros del Gobierno catalán: el expresidente Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.
Una respuesta que persigue arrinconar a los soberanistas exclusivamente con la aplicación del ordenamiento jurídico y que huye de estridencias que pudieran alimentarlos argumentos independentistas y movilizar voluntades a su favor.
En este contexto, el recurso a la fuerza para impedir el referéndum parece la última de las alternativas, aunque el Gobierno también quiere mostrarse firme y Rajoy aseguró la semana pasada que “no renunciará a nada” para evitar que los independentistas catalanes liquiden “de un plumazo” el modelo de convivencia democrático.
En ese “no renunciar a nada” de Rajoy se sobreentiende la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir las obligaciones que la Constitución u otras leyes imponen.
Hasta ahora, el Gobierno central ha recurrido las leyes aprobadas para poner en marcha el plebiscito, la ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad, conocida como ley de ruptura, que articula la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí.En ambos casos el Tribunal Constitucional ha suspendido su aplicación.
Además, la Fiscalía ha ordenado a las fuerzas de seguridad -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra (policía autonómica)- que actúen contra los preparativos del referéndum, ha citado a declarar a los 700 alcaldes que lo apoyan. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha emplazado a disolverla llamada sindicatura electoral catalana, encargada de controlar la consulta.
En su respuesta contra el plebiscito, el Gobierno cuenta con el apoyo declarado de PSOE y Ciudadanos, pero la oposición casi al completo coincide en que la postura que el Gobierno ha mantenido en los últimos años ante el desafío secesionista adolece de inmovilismo y falta de iniciativa política.
Tras la investidura de Rajoy en noviembre de 2016, el Gobierno anunció su voluntad de abrir un diálogo con las autoridades catalanas, tarea que confió a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para darle la mayor relevancia.
El Ejecutivo central esperaba que la puesta en marcha del diálogo generara una dinámica positiva que ayudara a encontrar una solución al conflicto y ofreció abordar 46 asuntos pendientes reclamados por el Gobierno catalán.
Este, sin embargo, consideró que esos 46 puntos eran parte de negociaciones ya cerradas y pactadas y que el Gobierno central “no había entendido nada” si lo que ofrecía era cumplirlas.
Diez meses después, el diálogo entre las dos administraciones ha quedado en nada y la colisión entre Gobierno central y autonómico parece inevitable. EFE

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Publicado en: Análisis