Racionalizar la administración pública

La Comisión Europea, el FMI, las organizaciones empresariales y la mayoría de los expertos han vuelto a advertir recientemente contra el abultado volumen y la ineficiencia de las Administraciones Públicas en España.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.EFE/Archivo/ZiEl ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.EFE/Archivo/Zipi

Antonio Nogueira

Esta situación compromete el objetivo de reducción de déficit público contraído con Bruselas hace dos años. Además, en clave puramente interna, se trata de un problema que complica la agenda política de nuestro país.

La propuesta reciente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aminorar el número de concejales y diputados autonómicos es muy probable que se dirija en ese sentido.

La mayoría electoral que aupó al poder en 2011 al Partido Popular ha percibido que la anunciada reforma fiscal en realidad es un insuficiente recorte de impuestos para estimular el ahorro y la inversión necesarios para salir de la crisis económica.

La reducción en 2013 de 25.623 puestos – sobre un total de 2,5 millones de empleados en la administración central, comunidades autónomas y ayuntamientosse está demostrando exigua.

En el caso de las corporaciones locales, al cumplir su ajuste presupuestario el pasado año, logrando incluso el superávit, sin embargo volvieron a aumentar su plantilla en un 2 por ciento.

Como ejemplo veraz de triplicidad de funciones, aún puede visitarse – veinticinco años después de la implantación de las autonomías- cierta capital de provincia castellano-manchega donde la competencia de Economía y Hacienda tiene su triple representación – local, provincial y autonómica-, casi en la misma plaza, a escasos metros de distancia entre sí, surtida de recursos de toda clase.

¿Hasta cuánto tiempo la mayoría de los contribuyentes – que trabajan durante una cantidad de meses considerable al año nutriendo las arcas del Estado- están obligados a contemplar un espectáculo de dicho calibre?

Para paliar tan serios problemas urge, sin duda, poner en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica que combata los excesos del sector público. Un procedimiento nuevo que dé asimismo respuesta a determinadas comunidades autónomas a las que presuntamente se somete a expolio fiscal.

Un modelo que siga alimentándose del 50% del IRPF y el IVA, así como del 58% de los impuestos especiales, pero con el propósito de que los ciudadanos perciban que disfrutan de servicios básicos similares en prestaciones y costes, implantando criterios de ahorro y eficiencia en el gasto público.

Incluida la vuelta a los criterios de los presupuestos de base cero que desde la transición suprimieron organismos y empresas públicas innecesarios.

La tarea política de reducir los sobrecostes de las administraciones públicas, cuyo innecesario debate oculta otros asuntos de superior envergadura futura (pensiones, dominio de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo, etc.) se presenta ya como ineludible.

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