Puigdemont afirma seguir “hasta el final”, mientras Colau congela ceder locales para el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que seguirán "hasta el final" para que el 1 de octubre se celebre un referéndum en Cataluña y ha asegurado que el Govern "no fallará" aunque desde el Gobierno y las instituciones del Estado se intente "boicotear el 1-O". Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se descuelga de los preparativos para la consulta.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Archivo/Quique GarcíaEl presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Archivo/Quique García

 

“Por cada miedo, diez esperanzas; por cada amenaza, diez ilusiones; por cada cara de enfadados, diez sonrisas, y por cada intento de boicotear la votación, diez votantes más”, ha subrayado Puigdemont durante el acto de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) en Sant Joan Despí (Barcelona).
Puigdemont, que llegó acompañado por el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, fue recibido con gritos de “independencia” y de “president”, entre gente enarbolando banderas independentistas, en el primer acto público del presidente catalán tras la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, posteriormente suspendido por el Tribunal Constitucional.
Frente a esto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha congelado la decisión de ceder o no los locales de votación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le había pedido poner a disposición para el 1-O, a la espera de que el Govern dé garantías de que no pondrá en riesgo a Ayuntamiento y funcionarios.
El primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, ha confirmado que no se remitirá a la Generalitat la información que se les había requerido sobre qué colegios electorales de titularidad municipal se van a habilitar para la jornada de la votación. “Los trámites ordinarios (para facilitar el referéndum) han quedado afectados por la interlocutoria del Tribunal Constitucional (TC)”.

Después de que el Parlament aprobara el pasado miércoles la Ley del Referéndum y el Govern firmara el decreto de convocatoria del 1-O, Puigdemont y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, comunicaron por carta a los alcaldes catalanes que prevén utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les dieron 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales.

Colau, que ha remitido una carta a Puigdemont, ha preferido ganar tiempo a la espera de que se celebre la Diada del 11 de septiembre.
Por ahora, el gobierno municipal de Barcelona, en el que la Barcelona en Comú de Ada Colau tiene como socio al PSC, ha paralizado los trámites para ofrecer los colegios electorales para el 1-O, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido el referéndum.
El primer teniente de Barcelona, Pisarello, ha reiterado ante los medios “el pleno compromiso de Barcelona en que se pueda ejercer el derecho a participación”, pero “siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores”, en alusión a la suspensión del TC.
En esta jornada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el gobierno catalán por la convocatoria del referéndum y ha acordado acumularla al procedimiento abierto contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.
Desde la Fiscalía se ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum y que impongan fianzas si es necesario a los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
Además, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra Puigdemont y los miembros de Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, un último delito éste que implica penas de prisión, por entender que el ejecutivo catalán hace un “uso ilegal de fondos públicos” con el referéndum.
Asimismo, la Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir las leyes del Referéndum y Transitoriedad, por “su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales”.
Y el TSJC ha iniciado el proceso de notificación atendiendo a la petición emitida por el TC, así, al mayor de los Mossos d’Esquadra y a tres comisarios del cuerpo policial, al Secretario General del Parlament, al Letrado Mayor y a la jefa del Departamento de Publicaciones de la cámara catalana.
En un comunicado, el TSJC afirma que “en los próximos días se seguirán realizando las notificaciones pertinentes siguiendo la petición del Tribunal Constitucional”. EFE

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