Podemos pide que cese la evaluación de Garoña

El grupo parlamentario de Podemos presentará ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un escrito en el que se solicita "el cese del proceso de renovación de la concesión de explotación de la central de Garoña", al menos hasta la formación del nuevo Gobierno.
EFE/Archivo/Enrique Truchuelo

EFE/Archivo/Enrique Truchuelo

 

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está analizando diversos informes sobre esta planta de cara a la posible renovación de su permiso de explotación y aunque, para reabrir Garoña es imprescindible el visto bueno del CSN, la decisión final corresponde al Gobierno.
Situada en la provincia de Burgos, en una península natural formada por un meandro del río Ebro, esta central, cuya licencia expiró el 6 de julio de 2013, consta de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric ( en España sólo hay otro reactor de este tipo, el de Cofrentes y se trata de la misma tecnología instalada en Fukushima Daichi).
La central de Santa María de Garoña, inició su actividad industrial en marzo de 1971 con una potencia eléctrica instalada de 460 MWe, que después aumentó a 466 MWe .
Durante el año 2004 produjo 4.049,59 millones de kWh, con un factor de carga de 98,93% lo que supuso la mejor producción anual desde el inicio de la operación de la planta.
En 2012, su último año en explotación, generó 3.879,69 millones de kilovatios hora.
A finales de 2003, Garoña inauguró un simulador que permite que los operadores de la sala de control puedan cubrir su periodo obligatorio de formación anual sin necesidad, como hacían antes, de desplazarse a Estados Unidos.
En los años 2004 y 2005 la central de Garoña registró dos incidentes calificados de nivel 1, de acuerdo con la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
También fue clasificado con nivel 1 un fallo registrado en agosto de 2008 en las baterías de suministro ininterrumpido.
El permiso de explotación de Garoña se renovó el 5 de julio de 1999 por un plazo de 10 años; y en 2006, Nuclenor solicitó la prórroga por otros diez más (hasta 2019).
Dicha renovación -en 2009- estuvo marcada por la polémica. El Consejo de Seguridad Nuclear avaló la continuidad de Garoña hasta 2019 con algunas mejoras aceptadas por la empresa, pero el Gobierno socialista optó por una prorroga de cuatro años y ordenó el cierre de la central en 2013; una decisión que no contentó ni a los ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni tampoco a la empresa propietaria de la central, Nuclenor, ni a sus trabajadores, que solicitaban una prórroga de diez años.
En julio de 2011, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de Garoña hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.
Sin embargo, en enero de 2012, el nuevo Gobierno del PP encargó un informe sobre la posibilidad de alargar la vida de la central al CSN, organismo que el 17 de febrero dictaminó que no veía inconveniente en ello.
En julio de 2012 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de Garoña y concedió a la empresa un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad de hasta 2019.
La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando, y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.
El reactor de Garoña paró a las 22.57 horas del día 16 de diciembre de 2012 y se desconectó de la red eléctrica después de 42 años de actividad.
En febrero de 2014 el Gobierno aprobó un real decreto que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de manera que una central nuclear cuyo cierre se deba a razones económicas, y no de seguridad nuclear o la protección radiológica, dispone de un año a partir de su cese de actividad para solicitar una renovación de su permiso de explotación.
En mayo de 2014 Nuclenor solicitó la renovación de explotación de Garoña hasta 2031 (hasta los 60 años) y dos días después el Gobierno solicitó al CSN un informe técnico. EFE-doc