¿Qué se juzga en la pieza política de los ERE, de Andalucía?

Tras siete años de una instrucción que ha estado a cargo de tres jueces distintos, y cuando quienes gobernaron Andalucía durante 23 años se sientan ya en el banquillo de los acusados, la Fiscalía ha planteado como cuestión previa al tribunal que confirme qué se está juzgando en la pieza política del caso ERE.
Los expresidentes de Andalucía, Chaves y Griñán. EFE/Archivo/Raúl CaroLos expresidentes de Andalucía, Chaves y Griñán. EFE/Archivo/Raúl Caro

 

Laura Blanco

 

Que “a estas alturas no se tenga claro el objeto de este procedimiento”, como dijo en la sala uno de los abogados defensores al oír al fiscal (anticipando así las impugnaciones que el lunes plantearán) puede sorprender, pero tiene un sentido estratégico.

Lo tiene porque desde el 31 de julio de 2015 no existe ‘el caso ERE’ sino ‘los casos de los ERE’, ya que cuando la jueza María Núñez sustituyó al frente de la instrucción a Mercedes Alaya realizó una división de la macrocausa que su antecesora siempre rechazó.

Porque algunos responsables políticos socialistas que se sientan en el banquillo, como los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera o el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, son también investigados en otros ‘casos de los ERE’.

Y porque, apelando al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, sus abogados han logrado eximirles de otros procesos: la condena que afrontan ahora (de dos a 10 años de cárcel) sería la única y si son absueltos no tendrán que preocuparse más.

Ha sido la sección séptima de la Audiencia de Sevilla la que los ha excluido, al estimar sus apelaciones, y en vista de ello la propia jueza Núñez ha empezado también a hacerlo directamente.

La Fiscalía no está de acuerdo porque cree que aquí no se juzga lo mismo que se investiga en las demás piezas.

Persigue “dejar sin efecto los apartamientos ya acordados” al pedir al tribunal un “previo y expreso pronunciamiento que confirme la delimitación objetiva de la causa” que hizo el instructor que la terminó (que no fue ni Alaya ni Núñez, sino el juez de refuerzo Álvaro Martín, motivo por el que varias defensas piden la nulidad).

En el auto del 31 de mayo de procedimiento abreviado -paso previo a enviar a juicio- se señala que “entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo” en la Junta un “procedimiento específico” cuyo fin “era eludir” el “control previo de la Intervención General” para disponer de al menos 854 millones destinados a ayudas.

Ayudas dirigidas a empresas en crisis y trabajadores afectados por ERE fueron así “objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario” que permitió que llegaran a quienes “no reunían presupuestos para acceder a las mismas” y “en cuantía improcedente”.

Para el juez, los acusados cometieron prevaricación o malversación como “impulsores” o mantenedores de ese sistema por haber “dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho” o actuar “omitiendo sus deberes de vigilancia” (en el auto de apertura de juicio oral, el 3 de noviembre de 2016, sumó un delito de asociación ilícita a petición del PP que ahora las defensas piden excluir).

La Fiscalía pide al tribunal de la sección primera de la Audiencia, encargado del juicio, una “confirmación” de que se juzga a los acusados por el procedimiento específico “con expresa exclusión” de lo relativo “a concesión o pago de cualquier ayuda” investigada en las piezas separadas, que pueden superar las 250.

La defensa del exconsejero Viera pide lo contrario, que se le excluya de este juicio porque ya se le investiga por lo mismo en esas piezas (no de todas se le ha sacado aún o no es firme).

El tribunal puede estimar la petición del fiscal, la de Viera o ninguna y dejar las cosas como están sin entrar en la interpretación que están haciendo otros jueces.

Pero la Fiscalía no está sola en su pretensión, que ha llegado al Tribunal Constitucional (TC) de la mano de la Junta, que se personó como acusación particular pero pidió el archivo de la pieza política al no ver delito en el sistema sino fraude en algunas ayudas.

La Junta ha elevado al TC un recurso de amparo en el que alega, como el fiscal, que en las piezas separadas se investigan hechos distintos y que al excluir de ellas a algunos responsables políticos (concretamente ha recurrido la exclusión de Antonio Fernández) se le “veda” su derecho a perseguir “hechos indiciariamente delictivos” que “habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública”. EFE 

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Publicado en: Análisis