ESPAÑA PENSIONES

El futuro de las pensiones, a debate político y social en España

El Parlamento español ha mostrado las diferencias entre el Gobierno y los partidos de la oposición acerca de la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, ante la caída de las cotizaciones que lo sustentan y en plena movilización social.
Debate político y movilización social en España por el futuro de las pensiones. EFE/M.ToñaDebate político y movilización social en España por el futuro de las pensiones. EFE/M.Toña

La crisis económica de los últimos años, con una bajada de sueldos y un aumento del desempleo, ha provocado una caída de las cotizaciones, que junto al aumento del número de pensionistas acogidos al sistema por el envejecimiento de la población, se ha traducido en subidas mínimas de las pensiones.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, participó en un debate monográfico sobre este asunto en el Congreso de los Diputados, donde garantizó la subida anual de las pensiones y defendió seguir con las reformas del sistema para garantizar su viabilidad.

0,25% o IPC de subida

Propuso continuar con el actual sistema de revalorización fijado en 2013, que fija una subida mínima del 0,25 % mientras que el sistema sea deficitario, como es en la actualidad, mientras que los partidos de izquierda piden que se revaloricen según el IPC, como se hacia antes de la crisis.

“No podemos gastar más de lo que no tenemos”, afirmó Rajoy ante los diputados, a la vez que insistió en que revalorizar las pensiones según el IPC, “no funciona”.

Debido al déficit del sistema, las pensiones de los últimos cinco años subieron el 0,25 % anual, y aunque en los primeros años supuso ganancias de poder adquisitivo para los pensionistas por la baja inflación, en 2016 y en 2017 les ha restado, al haber subido el IPC, lo que ha provocado protestas masivas entre los pensionistas en todo el país.

La portavoz del PSOE -principal grupo de oposición-, Margarita Robles, exigió a Rajoy la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y que se suprima el factor de sostenibilidad, además de pedir ingresos extraordinarios para la viabilidad del sistema.

Robles acusó al Gobierno de haber “esquilmado” el fondo de reserva para pensiones.

Un fondo de reserva bajo mínimos

Según los socialistas, cuando ellos dejaron el Gobierno en 2011 había en ese fondo 67.000 millones de euros y en la actualidad está bajo mínimos, con solo 8.000 millones de euros disponibles.

El presidente del Gobierno español se comprometió a una mejora de las pensiones más bajas en los presupuestos generales de 2018, aunque todavía no los ha presentado al Congreso para su aprobación, al no tener garantizada la mayoría suficiente.

Rajoy explicó esta medida como un “esfuerzo adicional” que se puede hacer “ahora que la situación económica mejora”.

Por su parte, el líder de Ciudadanos (Liberales), Albert Rivera, que firmó un acuerdo de gobernabilidad con el PP (centroderecha) al principio de la legislatura, advirtió al presidente del Gobierno de que no entrarán en un “mercadeo electoral” sobre las pensiones.

Rivera afirmó que su grupo, cuarto de la Cámara, solo le apoyará si plantea reformas para garantizar el futuro del sistema que pasan por acabar con el trabajo precario y fomentar la natalidad.

Manifestaciones

El debate de las pensiones hace tiempo que está presente en la opinión pública española, muchas veces vinculado al fomento de los planes de pensiones privados, pero hasta las últimas semanas no han llegado las movilizaciones a las calles.

La sesión parlamentaria de se produce tres días antes de una manifestación convocada por los dos principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, con el apoyo de otras organizaciones sociales, en defensa de las pensiones públicas y de su revalorización.

España, un país muy envejecido, tiene 10,9 millones de personas mayores de 60 años, de los 46,5 millones de habitantes, según cifras de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sistema público de pensiones en este país se rige por un acuerdo de 1995 alcanzado por los partidos parlamentarios al que se sumaron después sindicatos y empresarios y que tiene como objetivo garantizar esas prestaciones.

Desde entonces se ha modificado en varias ocasiones para garantizar su pervivencia, la última vez en 2013, bajo el mandato del actual Ejecutivo de Rajoy (PP-centroderecha). EFE

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Publicado en: Análisis