El papel de Felipe VI en la investidura

El complejo escenario político que han dejado las urnas, similar al creado por las elecciones de diciembre pasado, ha reabierto el debate sobre el papel del Rey en las negociaciones de investidura, ingrato porque hasta ahora sólo ha podido certificar la falta de acuerdos.
El rey Felipe VI.El rey Felipe VI.

Carlos Moral

La Constitución señala de forma tan precisa como escueta que el Monarca “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

A partir de ahí, si el aspirante no logra la confianza del Congreso en la votación de investidura, el Rey podrá proponer sucesivos candidatos si estima que pueden lograr el apoyo suficiente para presidir el Gobierno.

Por tanto, la función del Rey se limita a proponer aspirantes tras efectuar una ronda de contactos con los líderes políticos para conocer su opinión, un cometido prácticamente simbólico que había pasado desapercibido hasta que la aritmética surgida de las urnas ha hecho muy difícil la gobernabilidad.

Felipe VI ha celebrado esta semana la cuarta ronda de contactos con los líderes políticos en los últimos seis meses, lo que ha despertado una atención y un debate sobre el papel del Monarca en la investidura desconocido por su padre, Juan Carlos I, en las casi cuatro décadas de su reinado.

Ante la imposibilidad de lograr acuerdos, algunos ven en la capacidad mediadora del Rey una salida que permita acabar con el bloqueo político y reclaman que el Monarca se involucre de forma activa en la búsqueda de una solución.

La novedad es que alguna de esas voces proviene de uno de los partidos políticos presentes en las negociaciones: el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que pediría a Felipe VI que “convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha, y al señor Rajoy de que las presidencias no caen del cielo, hay que ir a buscarlas”.

Un planteamiento que, según la mayoría de los expertos constitucionalistas, no contempla la legislación, que circunscribe la iniciativa y la responsabilidad de los pactos a los partidos políticos y que confía al soberano un papel neutral como símbolo y garante de las instituciones.

Las palabras de Rivera encontraron rápida respuesta en el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien opinó que pedirle al Rey que ayude a convencer a Rajoy y Sánchez supondría “desnaturalizar el mandato” que le otorga la Carta Magna.

La declaración de Margallo no estuvo exenta de polémica, después de que señalara que la Constitución prohíbe que el Rey “borbonee”, expresión que muchos calificaron como despectiva con la Corona.

Otra de las opciones barajadas después de los comicios de diciembre y que ahora suena de nuevo, aunque ningún partido la ha planteado, sería que el Rey propusiera un candidato alternativo a los líderes políticos, puesto que la ley no exige ser parlamentario para presidir el Gobierno, sino que basta con ser español, mayor de edad y poseer los derechos de sufragio activo y pasivo.

Pero una vez más, en la práctica esa posibilidad sólo podría plantearse con el consenso de una mayoría parlamentaria. Porque como establece la Constitución, en su artículo 56.1, el Rey simplemente “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

Y sus funciones siempre están sometidas al refrendo del poder ejecutivo o, como en este caso, legislativo, puesto que el Monarca tiene que comunicar su elección de candidato para la investidura al presidente del Congreso.

El Rey ha trasladado a los representantes políticos su preocupación por la situación política y su deseo de evitar unas terceras elecciones, pero sólo los partidos pueden solucionar el bloqueo.

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Publicado en: Análisis