País Vasco, séptima comunidad de España en regular la muerte digna

Con la aprobación en el Parlamento vasco de la ley de Muerte Digna, Euskadi se suma a las seis comunidades autónomas de España que ya cuentan con leyes sobre esta materia, y que regulan la limitación del esfuerzo terapéutico y la sedación, entre otros aspectos.
Madrid.- Miembros de la asociación 'Derecho a Morir Dignamente', durante una jornada de debate sobre la eutanasia. EFE/Archivo/BERNARDO RODRIGUEZ.Madrid.- Miembros de la asociación "Derecho a Morir Dignamente", durante una jornada de debate sobre la eutanasia. EFE/Archivo/BERNARDO RODRIGUEZ.

En el ámbito español no existe una ley que regule la muerte digna, aunque todas las comunidades cuentan con registros de últimas voluntades, donde los ciudadanos pueden dejar un documento de instrucciones sobre los cuidados que quieren recibir cuando no estén en condiciones de manifestarlo (el llamado testamento vital).
Desde 2007, además, funciona un Registro Nacional de Instrucciones Previas.
El texto aprobado no supone un gran avance con respecto a la Ley de 2002 de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica, que reconoce como un principio básico “la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad”, según el doctor Fernando Soler, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Esta normativa estatal ya reconoce el derecho del paciente a renunciar al tratamiento médico aunque esta decisión ponga en peligro su vida.
El Código Penal prohíbe la eutanasia activa y el suicidio asistido.
Antes que el País Vasco, otras seis comunidades autónomas han aprobado leyes para regular la muerte digna.
La primera en hacerlo fue Andalucía, en marzo de 2010, que entró en vigor el 27 de mayo de ese año y prohíbe el ensañamiento terapéutico, permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial y da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos.
En 2011 se aprobaron normas similares en Navarra y Aragón, y en 2015 lo hicieron las comunidades de Canarias (en enero), Baleares (marzo) y Galicia (junio).
Precisamente en Galicia, y apenas tres meses después de que dicha comunidad aprobase su normativa, el debate se reabrió con el caso de de Andrea, una niña gallega, aquejada de una enfermedad degenerativa irreversible y para la que sus padres reclamaban una muerte digna.
En 2011, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero impulsó un proyecto de ley “sobre cuidados paliativos y condiciones dignas en el proceso de la muerte”, pero debido al adelanto electoral no llegó a tramitarse.EFE/Doc

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