Los obstáculos en la cuenta atrás de los presupuestos

La intención del Gobierno de aprobar el proyecto de cuentas de este año antes del inicio de la Semana Santa implica encontrar en menos de un mes una fórmula que permita integrar las exigencias de Ciudadanos, aliviar las presiones sobre la revalorización de las pensiones e incorporar las demandas de los grupos minoritarios.
El presidente del Congreso de los Diputados en 2011, José Bono, muestra el lápiz de memoria con los presupuestos de ese año. EFE/J.J. GuillénEl presidente del Congreso de los Diputados en 2011, José Bono, muestra el lápiz de memoria con los presupuestos de ese año. EFE/J.J. Guillén

 

Evaristo Amado

 

El Gobierno afronta una carrera de obstáculos de poco menos de un mes para integrar las demandas de sus socios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que prevé someter a la aprobación del Consejo de Ministros anterior a Semana Santa, según la previsión avanzada a Efe por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El Gobierno, que necesita solventar varios escollos para recabar los apoyos necesarios, quiere aprobar el borrador de las cuentas en la tercera semana de marzo y tener la aprobación definitiva en junio, lo que permitiría tener resuelta la planificación económica del ejercicio antes de debatir tras el verano la negociación del techo de gasto de 2019.

El proyecto presupuestario de 2018 debía haberse presentado a finales de septiembre de 2017, pero quedó congelado ante la crisis secesionista en Cataluña y la retirada de apoyo político de los nacionalistas vascos del PNV por este motivo.

La negociación no será sencilla, y no solo por el ambiente político enrarecido tras la intervención política del gobierno regional de Cataluña a raíz de la proclamación de independencia del pasado otoño, sino porque las cuentas de 2017 ya se aprobaron con medio año de retraso y gracias a una compleja negociación con seis partidos: los liberales de Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y los partidos regionalistas UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Solo con la suma de todos esos grupos logró entonces el Partido Popular, que encabeza el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sumar los 176 diputados necesarios para sacar adelante las cuentas.

En esta ocasión, el Gobierno debe dar respuesta a dos bloques de demandas muy destacadas.

El primero de ellos, de Ciudadanos, incluye la equiparación de los sueldos de los policías nacionales y guardias civiles con las policías autonómicas, ya encarrilada, y es aceptada por el Gobierno, que ha establecido un horizonte de subidas hasta 2020. Pero Ciudadanos pide también mejoras sociales y económicas incluidas en el preacuerdo de investidura, por valor de 8.500 millones; y la dimisión o cese de una senadora citada a declarar por el juez por un caso de corrupción.

En el segundo bloque figura la petición del PNV para que se ponga fin a la intervención de la administración catalana activada en octubre del pasado año mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, una cuestión más compleja debido al estancamiento en la negociación de investidura entre las fuerzas nacionalistas catalanas.

Además de estos dos apoyos políticos principales -en las próximas semanas se irán detallando más demandas concretas de los partidos regionalistas-, el Ministerio de Hacienda quiere también alcanzar un acuerdo con los sindicatos para concretar una cuestión de peso, la subida salarial de los funcionarios para el periodo 2018-2020.

Y, por si fuera poco, el Ejecutivo de Rajoy también deberá dar respuesta a la presión política y en la calle de las últimas semanas en torno a la subida de las pensiones de jubilación.

El principal partido de la oposición, el PSOE, exige volver a revalorizar las pensiones anualmente en función de la subida de los precios, el modelo anterior a la reforma aprobada en 2013 (que establece que, si el organismo que recaba las cotizaciones, la Seguridad Social, está en déficit, las pensiones solo crecerán un 0,25 %, independientemente de lo que suban los precios).

El Gobierno considera que esta demanda es “populista” y pondría en cuestión la viabilidad del modelo, pero ante el malestar de los pensionistas por la pérdida de capacidad adquisitiva de los últimos años el Ministerio de Hacienda ha anunciado -aunque por ahora, sin concretar datos- que incluirá en los presupuestos deducciones fiscales para personas de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad. EFE 

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