CONSTITUCION ANIVERSARIO

Nuestra propuesta de reforma constitucional

Se cumplen 40 años de la Constitución española y leeremos decenas de balances, muchos de los cuales ensalzarán sus virtudes como marco legal de convivencia tras la dictadura de Franco. Y concluirán que es mejor dejarla como está, no sea que al abrir el melón de su reforma nos quedemos sin melón.
Nuestra propuesta de reforma constitucional

De izquierda a derecha Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional; José María Vera, director de Oxfam Intermón; y Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

 

No ponemos en duda el valor de la estabilidad social que la Constitución ha aportado a nuestro sistema democrático. Pero la Constitución requiere de una reforma de calado no solo para actualizarse tras cuatro décadas, sino sobre todo para eliminar algunas de sus debilidades y vacíos en el terreno de los derechos humanos.
Existe el riesgo de que la eventual reforma, y las discusiones previas sobre su posible abordaje, se centren en asuntos que bajo nuestro punto de vista son menores, como la sucesión. O en asuntos calientes como el territorial, de indudable relevancia, pero que está eclipsando otras cuestiones que tienen un enorme impacto en la vida cotidiana de la gente aquí y ahora.
Proponemos abordar la reforma a fondo y hacerlo en el núcleo de lo que cualquier constitución debe garantizar: los derechos humanos.
Y lo hacemos partiendo de las situaciones que sufren las personas concretas, las que sufren la pobreza, el recorte de derechos o un medio ambiente desprotegido. Para ellas la reforma de la Constitución tiene que marcar la diferencia.
España es el tercer país más desigual de la UE. Aquí la pobreza repuntó durante la crisis y apenas se ha reducido en los años de crecimiento del PIB. Cientos de miles de familias sin ningún ingreso, de personas sin tarjeta sanitaria o desahuciadas de sus casas convierten en un ejercicio de mera retórica el derecho a la salud o a la vivienda, que son derechos humanos.
Tampoco la situación es buena para quien pretende llegar a España y solicitar asilo y refugio, porque se encuentra con un sistema muy poco acogedor para las personas que huyen de la guerra, la persecución y la pobreza que en muchos casos las acaba dejando en la indigencia, mientras nuestro país ha recortado su cooperación y acción humanitaria hasta la irrelevancia, lejos de cualquier país desarrollado y de sus obligaciones internacionales.
Por otra parte, nuestro modelo energético hace insano el aire y alimenta el calentamiento global y sus terribles consecuencias presentes y futuras para la población.
Y todo esto en un contexto de recorte de derechos como el de expresión y manifestación, reprimidos por la Ley de Seguridad Ciudadana vigente.
Muchas de estas situaciones ocurren porque en la Constitución de 1978 hay derechos de primera y de segunda, en función de su protección jurídica, algo inaceptable desde una concepción plena de los derechos humanos. Tampoco ayuda la ambigüedad de su texto, que da lugar a interpretaciones de la Constitución que se apartan del derecho internacional de los derechos humanos. Y, por último, es necesario incorporar a la Constitución derechos adicionales.
Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón pedimos que se blinden nuestros derechos en la Constitución para hacer más difícil que los vulnere el gobierno de turno. Ello supone, en primer lugar, reformar el Art. 53 que crea, de facto, unos ‘derechos de primera’, como el derecho a la vida o la libertad, susceptibles de ser reclamados ante los tribunales, y unos ‘derechos de segunda’, como el derecho a la vivienda o a un medio ambiente adecuado, que no tienen estas garantías.
También proponemos modificar hasta 24 disposiciones constitucionales que abordan derechos específicos de forma insuficiente, como el desarrollo efectivo del derecho a un medio ambiente saludable que obligue a la protección de los ecosistemas, o el derecho a una renta básica que permita hacer frente a la desigualdad extrema, y que se refleje nuestro compromiso con los derechos humanos en la cooperación internacional, las actividades de las empresas españolas en el exterior, y las transferencias de armas.
Los cambios que proponemos tienen precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales. De hecho, el artículo 53, artífice de la división de derechos, no encuentra parangón en otros ordenamientos. Ninguna de las Constituciones de nuestro entorno, inclusive las que contienen clasificaciones de derechos, establece diferencias de justiciabilidad entre unos y otros.
No son aspiraciones irreales son propuestas posibles y necesarias si aspiramos a una Constitución eficaz en la defensa de todos los derechos para todas las personas. No debemos exigir menos.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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