No pongamos en riesgo el futuro de las pensiones

Las pensiones vuelven a ser objeto de un intenso debate. A la revalorización con la inflación se une la propuesta de derogar las reformas de 2011 y 2013, y otras reivindicaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y, con ello, la suficiencia de las pensiones futuras.
Rafael Doménech, responsable de análisis del BBVARafael Doménech, responsable de análisis del BBVA

Rafael Doménech, responsable de análisis del BBVA

 

En una sociedad que cambia continuamente el sistema público de pensiones necesita ajustes, pero la manera de abordarlos es mediante un debate riguroso y sereno que ponga en valor las ventajas del sistema de reparto existente, su situación actual, las previsiones sobre el futuro y las opciones existentes.

En primer lugar, debemos poner en valor la importante redistribución que realiza el sistema. Los nuevos pensionistas empiezan con una pensión inicial que afortunadamente recibirán durante muchos años y que está muy por encima de lo cotizado. La cotización para la jubilación es un 28,3 % de la base de cotización. Con una demografía constante, se necesitarían 3 años y medio de cotización para financiar un año de pensión.

Con una esperanza de vida en 2018, a los 65 años de edad, de 21,3 años, el sistema proporciona pensiones superiores a lo cotizado. Antes de la reforma de 2011, el desequilibrio del sistema suponía que por cada euro cotizado se adquirían derechos por 1,44 euros, ambas cantidades en valor presente. Cuando la reforma del 2011 esté plenamente en vigor en 2027 el déficit se reducirá a 1,28 euros.

La generosidad relativa del sistema de pensiones español es superior a la de la mayoría de los países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo con la OCDE la pensión inicial media representa en España el 72,3 % del último salario frente al 45,9 % de la UE. La Comisión Europea muestra que la pensión de jubilación media sobre el salario medio de España (65,4 %) era en 2013 la segunda más alta de la UE, después de Chipre y por encima de la media europea (45,5 %).

Estas cifras ponen de manifiesto la importante redistribución intergeneracional que realiza el sistema público de pensiones. Como resultado, según Eurostat, el porcentaje de la población mayor de 65 años en riesgo de pobreza relativa en España era del 14,4 % en 2016, casi 4 puntos inferior a la media de la UE (18,2 %), mientras que el de la población menor de 65 años era 6,2 puntos superior.

Durante años esta generosidad se financió gracias a que el número de afiliados crecía más que el de pensionistas, por la incorporación de la generación del “baby boom” al mercado de trabajo y posteriormente por el aumento de la inmigración. La crisis económica cambió drásticamente la situación con la reducción del 17 % en el número de afiliados. A pesar de ello, los ingresos del sistema disminuyeron sólo un 4,3 %. Desde 2013 se ha recuperado un 69 % de la afiliación destruida, los ingresos en 2017 alcanzaron un máximo histórico y ya son un 2,8 % superiores al nivel de 2008.

Mientras los ingresos hacían este viaje de ida y vuelta, el gasto en pensiones siguió aumentando a un ritmo del 3,9 % anual desde el inicio de la crisis, y la pensión media ha ganado un 22 % de poder adquisitivo desde 2007, porque las nuevas pensiones son más altas que las que salen del sistema. Como resultado de todo ello, se abrió una brecha entre gastos e ingresos, de manera que el déficit acumulado entre 2011 y 2017 alcanzó casi 84 mil millones de euros. A pesar de la crisis, la sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar el déficit acumulado, que equivale a más de 9 mil euros por pensionista.

En segundo lugar, debemos prepararnos para afrontar el futuro. Los retos son incluso mayores que los de la situación actual. El número de pensiones aumentará gradualmente desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo. Sin cambios en el sistema, este incremento sólo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 18,4 millones actuales a algo más de 27 millones.

Todo el empleo que falte hasta llegar a esa cifra plantea el dilema de cómo repartir los costes del ajuste. Mantener el sistema sin cambios o, incluso peor, revertir las reformas de 2011 y 2013 supondría una mayor redistribución que la actualmente existente, con enormes costes impositivos para las generaciones futuras, a las que se les traspasaría todo el riesgo demográfico y de longevidad, con efectos negativos sobre el empleo y la productividad.

Con las previsiones de la Comisión Europea (2015) para las próximas décadas, si las contribuciones sociales soportaran todo el ajuste, el coste sería equivalente a un aumento de 2.809 euros anuales de 2017 por afiliado. En el otro extremo, no aportar ingresos adicionales pondría en peligro las pensiones más bajas y obligaría a que los pensionistas soporten una parte del coste de las nuevas pensiones más altas que entren en el sistema.

La sociedad tiene que elegir en qué punto intermedio quiere situarse, conociendo los costes y aceptando que no hay atajos ni soluciones gratis que eviten una carga adicional para las generaciones y gobiernos futuros. Sólo el déficit de 2017 supone el 15,4 % de los ingresos por cotizaciones del sistema de pensiones (algo más de mil euros anuales por afiliado), el 15 % de los impuestos sobre la renta y riqueza de hogares y empresas, o el 13,3 % de los impuestos indirectos.

Aumentar el empleo, la productividad y con ello los salarios es una condición necesaria para que los cambios supongan una carga menor para el conjunto de la sociedad. Además, es preciso introducir gradualmente cuentas individuales (nocionales) de reparto, como en Suecia y otros países europeos. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, con mayor contributividad y transparencia.

Con un diseño adecuado, se corrige el déficit de las nuevas pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida y la evolución prevista de ingresos y gastos. Al reequilibrar el sistema se garantiza que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo durante toda la vida de los pensionistas. Por último, es necesario mejorar y blindar la pensión mínima a la inflación, con cargo a impuestos generales y con transparencia del complemento recibido.

En lo que no hay dilema alguno es entre sostenibilidad y suficiencia: la sostenibilidad es una condición totalmente necesaria para que las pensiones futuras sean suficientes y dignas.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.