Multinacionales y Estado: el interés es mutuo

Las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, vinculando la caída de inversiones en España de su compañía con la presunta incertidumbre jurídica que el Gobierno español ha suscitado con la última reforma del sector energético, levantó un amplio debate en diferentes tribunas de opinión.
De derecha a izquierda, el ministro de Industria, José Manuel Soria;
Exteriores, José Manuel García-Margallo; Fomento, Ana Pastor, y el
secretariDe derecha a izquierda, el ministro de Industria, José Manuel Soria; Exteriores, José Manuel García-Margallo; Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. En segunda fila: los presidentes de Vueling, Josep Piqué; Telefónica, César Alierta; BBVA, Francisco González; e Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE/Archivo/Juanjo Martin

Antonio Nogueira 

Sin embargo, tal opinión, pese a una rectificación posterior, no deja de reflejar una cierta lógica económica, se esté a favor o en contra de lo dicho por Galán. Lo que señaló puede percibirse como el final de una era, sobre todo en el caso de los sectores regulados: el adiós a la política de los `campeones nacionales´, y el comienzo de un tiempo en el que el Estado y las multinacionales españolas mantengan una relación cooperativa, aunque quizá sin la connivencia de antaño.

Desde mitad de los años ochenta, las empresas españolas en sectores regulados y de infraestructuras se han convertido en los inversores en el exterior más importantes del país, representando desde 2009 no menos del 30% del número total de inversiones y establecimientos operativos en el extranjero.

La consolidación en cada industria y la gestión doméstica acumulada permitieron a las firmas españolas reguladas adquirir compañías extranjeras, en un período en que no había otras multinacionales establecidas, en contraste con lo que suele suceder en bienes de consumo e industriales. En el caso de Iberdrola, Galán aclaró cuáles son hoy sus opciones preferentes: “somos ya más británicos, mexicanos y brasileños que españoles”.

Sin embargo, no debiera exagerarse ese creciente antagonismo entre las empresas y el Estado que se percibe también en naciones de nuestro entorno. 

La necesidad es mutua. Las multinacionales pagan salarios mejores, exportan más y logran niveles superiores de investigación y desarrollo. Y las empresas precisan de gobiernos que les proporcionen seguridad legal, formación a los trabajadores –sobre quienes las empresas dependen- e infraestructuras. No se trata de volver al mundo de los “robber barons”, los oligopolistas que impedían el libre comercio en el siglo XIX y gran parte del XX, sino de establecer un óptimo equilibrio de intereses.

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