Momento para la eutanasia

Hace poco más de un año entraba en la agenda política de la mano del grupo parlamentario Unidos Podemos una proposición de ley sobre la regulación de la eutanasia que, aunque rechazada en aquel momento, tuvo la virtud de introducirla en el debate político español, algo que ya entonces había sido reclamado nada menos que por siete parlamentos autonómicos.
Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

 

El tema ha sido retomado recientemente al aceptarse una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para reformar el código penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, que esta vez parece contar con mayoría parlamentaria y voluntad gubernamental, dos requisitos imprescindibles para que prospere al fin una iniciativa que cuenta con el dudoso mérito de haber sido rechazada previamente en el Congreso hasta en 16 ocasiones.

Su trayectoria parlamentaria puede ser larga y quizás accidentada en una minilegislatura con mucha iniciativa y poco tiempo, pero, salga adelante o no, pone sobre la mesa un tema fundamental como es el buen morir, que muchos consideramos un derecho fundamental e inalienable, en el que tanto el estado como los responsables religiosos deberían colaborar o al menos interferir lo menos posible con quienes quisieran ejercerlo.

El anuncio de esta futura ley ha levantado opiniones contrapuestas, como no podía ser menos, lo que hace prever un debate enconado. La Organización Médica Colegial se ha pronunciado en contra, aunque uno de sus principales argumentos, las deficiencias e inequidad en los cuidados paliativos que reciben los españoles en sus últimas etapas de la vida (totalmente cierto), no parece que sea algo que afecte al deseo ni en mi opinión al legítimo derecho de determinados enfermos de acabar con su vida.

También se ha puesto sobre la mesa el concepto de la “pendiente deslizante” (“slippering slope”), que plantea el temor de que una vez introducida la práctica de la eutanasia ésta se acabe aplicando de manera indiscriminada a un extenso número de enfermos, un hecho no verificado hasta ahora en ninguno de los 6 países en los que está legalizada.

En todo caso, otras organizaciones médicas, como el Colegio de Barcelona se han mostrado más eclécticas, animando al debate sobre el tema al que en absoluto se oponen, aunque hacen hincapié en el déficit de paliativos antes comentado y añaden un punto fundamental: no se trata sólo de un asunto médico (que por supuesto también) sino sobre todo social y político y es a estas instancias a quien corresponde decidir tras los necesarios debates.

Al tratar este tema, es necesario insistir en que no estamos hablando de conceptos que pudieran confundirse si no se conocen a fondo: ni la limitación del esfuerzo terapéutico ni la sedación terminal son formas de eutanasia, sino algo habitual e integrado en la atención médica del final de la vida dentro de una buena práctica clínica.

El rechazo de tratamientos y soportes vitales, cuyo fin es reducir el sufrimiento en los momento finales de la vida aunque puedan acortarla en horas o días, están recogidos desde 2002 en la Ley de Autonomía del paciente y en absoluto pueden considerarse eutanasia.

El término eutanasia pasiva, que a veces se ha usado para referirse a estas prácticas, es del todo incorrecto. La eutanasia es siempre activa por causar directamente la muerte, o por facilitar los medios, y además siempre ha de ser voluntaria y con una petición consciente, informada, libre y reiterada por parte del paciente. Cualquier legislación debe recoger estrictamente al menos estos puntos.

Todas las encuestas realizadas en la última década muestran un amplísimo respaldo de los ciudadanos españoles a que se regule la eutanasia para enfermos incurables, con datos que van del 77,5 % del CIS al 84 % de Metroscopia, con porcentajes incluso mayores entre los jóvenes y en todo caso siempre mayoritarios, también entre los votantes de partidos conservadores y en católicos practicantes o no.

De igual manera, datos de The Economist en 2015 señalan que en Europa sólo Bélgica, Holanda y Francia muestran un apoyo a la eutanasia ligeramente superior al español y en los dos primeros ya está legalizada.

No es sorprendente esta actitud abierta de los españoles ante el final de la vida porque, entre otras cosas, coincide con la experiencia de los médicos especialistas en cuidados intensivos y que por ejemplo permitió hace ya una década el abordaje de la donación de órganos en parada cardiocirculatoria con una amplísima aceptación social y médica, sin el más mínimo problema. En el caso de la eutanasia la sociedad española va por delante de sus legisladores y ya es hora de poner fin a esta situación anómala.

Por si fueran pocas las razones para legislar sobre la eutanasia, el hecho de que de los países que la tienen autorizada al menos en Suiza sea ya posible obtenerla para quienes dispongan de contactos y medios adecuados, nos retrotrae a los años en que existía una situación similar con los viajes a Londres para la interrupción del embarazo, algo ya afortunadamente superado.

Tan necesaria como una buena atención sanitaria y sociosanitaria en vida para nuestros ciudadanos, es preciso un enfoque integral del buen morir que comprenda un soporte legal, material y social adecuados para proporcionar los cuidados paliativos cuando proceda a todo aquel que lo necesite, pero en el que también se incluya el derecho a la eutanasia adecuadamente regulada. Una razón más para que todo el mundo pague sus impuestos.
NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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