El malestar ciudadano dispara las quejas al Defensor casi un 50 %

El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el número de quejas al Defensor del Pueblo, que en 2017 tramitó 25.776 expedientes, un 48,17 % más que el año anterior.
EFE/Archivo . Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones EFE/Archivo . Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones

Tras entregar la Memoria 2017 de la Institución en las Cortes, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado que las “actitudes imperativas y excesivamente categóricas” de las autoridades están generando ese malestar, y ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.
En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir (6.008), seguidas de las referidas a la función pública (4.417) y a los retrasos en la administración de Justicia (3.395).
Tras estos asuntos, los relacionados con Educación, Sanidad y Políticas Sociales “han consolidado” el número de quejas.
Además, dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 % con respecto al año anterior.
No obstante, Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.
“En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección”.
Y son los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, ha enumerado el defensor.
Ante ello, las “políticas sociales al uso se revelaron poco poderosas y no neutralizaron el deterioro de la vida de las personas con mayores dificultades”, ha censurado.
Con todo, Fernández Marugán ha apostado por “recuperar prácticas felices como la cultura del diálogo, la negociación y el pacto” porque ayudarán a resolver los problemas de desigualdad y de redistribución de las rentas.

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