Los asuntos que tendrá que afrontar el próximo Gobierno español

Si finalmente es investido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy tendrá que hacer frente a una serie de asuntos relevantes durante la legislatura, algunos de ellos urgentes, como los presupuestos y el techo de gasto, para los que tendrá que negociar el apoyo de otras fuerzas políticas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, y el director del Gabinete de la Presidencia, JorgEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, y el director del Gabinete de la Presidencia, Jorge Moragas. EFE/Juan Carlos Hidalgo

 

Carlos Moral

 

Presupuestos

 

El Gobierno aprueba hoy el proyecto de presupuestos para 2017 que tiene que presentar a Bruselas obligatoriamente antes del 15 de octubre, una mera proyección al próximo año de las cuentas de 2016 pero con las cifras de crecimiento y déficit actualizadas, tal y como exige la Comisión Europea.
Al estar en funciones, el Gobierno no puede adoptar medidas ni elaborar nuevas cuentas pero, si finalmente hay investidura, se abrirá entonces una negociación sobre los presupuestos de 2017. Es muy probable que el PP cuente con el respaldo de Ciudadanos, con el que ya firmó un acuerdo de investidura con 150 medidas, pero necesitara más votos. Quizá pueda lograr el de los nacionalistas vascos y Coalición Canaria, pero será difícil que consiga los de los socialistas.
Las comunidades autónomas también están pendientes de los próximos presupuestos, porque dependen de ellos para aprobar sus propias cuentas, así que será la tarea que con más urgencia tendrá que afrontar el próximo Gobierno.
Antes de la investidura, el PP confía en obtener una mayoría de apoyos de Ciudadanos, PSOE y Podemos a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá aumentar la meta de déficit de las autonomías al 0,7 % del PIB este año, y que será debatida en el pleno del Congreso del 18 de octubre

 

Techo de gasto

 

Junto a los Presupuestos Generales para 2017, el Gobierno deberá fijar el techo de gasto. La Comisión Europea ha concedido dos años adicionales (hasta 2018) a España para corregir el déficit, aunque a cambio tendrá que hacer un ajuste de más de 10.000 millones de euros en los dos próximos ejercicios y estar “preparada para adoptar otras medidas” si surgen nuevos riesgos de desvíos.
El déficit tendrá que reducirse al 4,6 % este año, al 3,1 % el próximo y al 2,2 % en 2018 y el Gobierno tendrá que demostrar que ha tomado medidas efectivas para atajarlo, que serán supervisadas trimestralmente por Bruselas.
Para intentar que los números cuadren, el Gobierno aprobó el pasado 30 de septiembre un decreto ley para reformar el Impuesto de Sociedades, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas y con el que espera recaudar 8.300 millones de euros adicionales.
Otro aspecto a debatir en relación con el techo de gasto es la distribución de la factura de los recortes: las comunidades consideran que no pueden ser ellas “las pagadoras de la situación política nacional” cuando corren con el grueso del gasto social, mientras la Administración central estima que algunas regiones incumplen los objetivos fijados porque no hacen suficiente esfuerzo.

 

Desafío soberanista en Cataluña
La hoja de ruta independentista sigue adelante y el Parlamento catalán ha decidido la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con o sin acuerdo con el Estado, para septiembre de 2017 como máximo.
Si Mariano Rajoy forma un nuevo Gobierno, mantendrá su negativa a cualquier plebiscito y se remitirá a la Justicia para frenar la escala secesionista, una posición en la que contará con el respaldo de Ciudadanos y del PSOE. Los socialistas proponen una reforma constitucional, en dirección federal, para lograr un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, pero en el actual contexto y con la distribución parlamentaria existente no es previsible que cuaje.

 

LOMCE (Ley de educación)

 

Toda la oposición comparte el rechazo a la ley de educación (LOMCE) aprobada por el PP durante el mandato del ministro José Ignacio Wert y que entró en vigor en diciembre de 2013.
Incluso las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han opuesto a algunos de sus aspectos, como el examen de reválida al final de la educación secundaria y el bachillerato, que empezará a aplicarse en este curso aunque sólo será efectiva a partir del próximo.
Por tanto, lo más probable es que si hay nuevo Gobierno derogue la LOMCE, al menos en parte. Más difícil será que se alcance un pacto amplio para redactar una nueva ley de educación, teniendo en cuenta que desde el comienzo de la democracia hasta ahora no ha habido ningún texto que contara con el respaldo conjunto de las principales fuerzas políticas.

 

Sistema de financiación autonómica

 

Todos los grupos parlamentarios coinciden en que es urgente la reforma del sistema para financiar las competencias autonómicas y, de hecho, lo plasmaron en una proposición no de ley aprobada en marzo pasado por el Congreso con la única abstención de los partidos nacionalista.
Sin embargo, el proceso se adivina complejo, pues para alcanzar un acuerdo habrá que conjugar no sólo la diferente visión de las principales formaciones políticas sino también las demandas de las comunidades y las necesidades del Estado.
En los próximos días -podría ser el 24 de octubre-, los presidentes regionales van a reunirse para abordar las necesidades económicas de las comunidades y articular un “espacio de encuentro y diálogo” en relación con asuntos como gasto y déficit. Su intención es presionar al Gobierno para que les dé los datos que necesitan a la hora de confeccionar sus presupuestos para 2017.

 

Reforma laboral

 

El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos incluye algunas medidas de reforma del mercado de trabajo, como la reducción de los modalidades de contratación a tres tipos o un fondo de capitalización para los trabajadores. No son muy distintas de las suscritas por Ciudadanos y el PSOE en febrero pasado para la fracasada investidura de Pedro Sánchez.
A la hora de delinear la política en materia laboral de la próxima legislatura, es posible que un Gobierno del PP, además de a Ciudadanos, encuentre afinidad en los nacionalistas del PNV y la antigua Convergencia, aunque en el caso de los catalanes el contencioso independentista hace difícil cualquier acuerdo.

 

Corrupción

 

Ciudadanos ha hecho de la regeneración y la lucha contra la corrupción uno de los ejes centrales de su acuerdo con los populares, que en esta materia se verán obligados a ceder ante las propuestas de la oposición, incluida una comisión de investigación parlamentaria sobre su financiación ilegal.
A priori, todos los partidos coinciden en esta materia, pero a la hora de aplicar en la práctica las iniciativas propuestas se producirán diferencias, como ya ha ocurrido en las pasadas semanas con asuntos como la situación de Rita Barberá -no renunció a su escaño- o la abortada propuesta de nombramiento del exministro José Manuel Soria para un cargo en el Banco Mundial.

 

Interior

 

La Ley de Seguridad Ciudadana, (renombrada por sus críticos “ley mordaza”), cuya tramitación y aprobación (2015) generó múltiples movilizaciones, y la prisión permanente revisable están previsiblemente abocadas a su derogación si hay nuevo Gobierno, porque sólo el PP las defiende.
En abril pasado, en su primera reunión, las comisiones de Interior y Justicia del Congreso pidieron la supresión de ambos textos, aunque sin ningún efecto ejecutivo porque instaban a un Gobierno inexistente a tomar esas medidas.
Pero la decisión, aunque simbólica, ya proyectó una respuesta a dos leyes muy polémicas, aprobadas en solitario por el PP y recurridas ante el Tribunal Constitucional.EFE

 

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Publicado en: Reportajes

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