Las implicaciones políticas del incumplimiento del déficit

España no cumplió con el objetivo de déficit de 2015, y generó un agujero añadido de más de 10.000 millones de euros, pasando del 4,2 % comprometido con la Comisión Europea, al 5,16%, un incumplimiento que tiene consecuencias políticas externas e internas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño, durante el debate de Presupuestos de 2016 en septiembre de 2015 en el Congreso de los DipuEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño, durante el debate de Presupuestos de 2016 en septiembre de 2015 en el Congreso de los Diputados EFE/Archivo/Juan M. Espinosa

María López

Externas porque el Gobierno aseguró que cumpliría con el objetivo y criticó las dudas que la Comisión Europea (CE) y su titular económico, Pierre Moscovici, expresaron sobre los presupuestos de 2016. La CE predijo que España incumpliría por décimas y ahora las cifras le dan la razón, aunque el desvío es de más de un punto.

La Comisión ha advertido que tutelará los nuevos recortes, aunque en Bruselas podrían esperar a que se forme gobierno.

Internamente las consecuencias se dan en al menos tres aspectos: el discurso de la recuperación del Partido Popular, las negociaciones para formar gobierno y la dificultad de consensuar recortes en medio de la fragmentación política.

El incumplimiento del déficit puede suponer una contradicción en el discurso del Partido Popular, que sostiene que es la única formación que puede asegurar estabilidad económica.

Por ello, el Gobierno popular insiste en que son las autonomías las responsables de la desviación pues se han alejado 0,96 puntos de lo pactado (del 0,7 al 1,66%). También la Seguridad Social ha estado lejos de la meta, con un déficit de 1.26 % (1,20 puntos superior a lo acordado), mientras que la administración central (2,7 %) cumplió “sobradamente” quedando a dos décimas de lo acordado.

Sin embargo, para Ciudadanos y el PSOE el problema radica en la distribución del gasto y demandan una reforma en la Ley de Financiación Autonómica (el marco normativo por el que el Estado transfiere fondos a las comunidades) que dote a las autonomías, ahogadas según ambos partidos, de mayores recursos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso este jueves para explicar el desvío.

El dato del déficit y el nuevo objetivo del 2,8 % en 2016, que el Gobierno busca flexibilizar, harán que España tenga que aprobar nuevos ajustes para reducir el gasto, lo que inevitablemente afecta a las negociaciones para formar Gobierno y especialmente a Podemos, que propone aumentar el gasto público.

El programa antiausteridad de la formación morada incluye aumentar la inversión pública en 96.000 millones de euros, mientras que el pacto alcanzado de PSOE y Ciudadanos menciona un gasto adicional de 7.000 millones (que, según sus economistas, es viable si se reducen gastos innecesarios).

Por otra parte, el Gobierno en funciones debe presentar un nuevo Plan de Estabilidad en abril, una medida que podría no ser llevada al Parlamento dado que el Ejecutivo sostiene que su mandato emanaba de las Cortes de la anterior legislatura o tratarse al ser considerada excepcional. En este caso el ministro de Economía, Luis de Guindos, está dispuesto a comparecer.

Con todo, el verdadero reto del déficit es que los nuevos ajustes para solucionar el agujero presupuestario llegan en un momento de gran incertidumbre política, donde España se debate entre un Gobierno de difícil confección -y por tanto más débil que el formado por un sólo color político- y una repetición electoral.

Es complicado que en España se alcancen ahora los consensos necesarios para reducir el gasto y para adoptar medidas que, de suponer un recorte en los servicios y prestaciones públicas, serán necesariamente impopulares.EFE