La resurrección de la industria naval española

La industria naviera española ha acabado el año 2017 con unos niveles de contratación positivos y ha hecho buenas las perspectivas optimistas abiertas en el año 2016, consolidándose como la décima potencia mundial en construcción naval y el segundo país de la Unión Europea con más buques contratados.
Un operario trabaja en el mantenimiento del buque Juan Carlos I, en los astilleros de Cádiz. EFE/Archivo/Román RíosUn operario trabaja en el mantenimiento del buque Juan Carlos I, en los astilleros de Cádiz. EFE/Archivo/Román Ríos

Gerardo Domínguez

En el informe correspondiente al pasado año publicado por la patronal de la industria naval en España (PYMAR), los astilleros españoles contabilizaron un total de 37 nuevos contratos, equivalentes a 185.634 CGT (medida utilizada para calcular la actividad de la industria naval), que supusieron 5,3 millones de horas de trabajo, lo que representó un aumento interanual de la contratación de más del 70 %.

Del total de los encargos en vigor el 57 % correspondieron a buques pesqueros, un 19 % a buques de pasaje, un 8 % a oceanográficos y remolcadores, un 3 % a buques offshore y a buques de suministro de combustible y el 2 % restante a otro tipo de buques. De nuevo, como ya había ocurrido el año anterior, las construcciones navales estuvieron impulsadas por la demanda exterior fortaleciendo el perfil exportador de este sector industrial.

Un momento dulce de la construcción naval en España que contrasta con las dificultades vividas hace más de una década, después de que la Comisión Europea recibiese las denuncias de varios miembros de la Unión Europea contra el “sistema español de de arrendamiento fiscal”, conocido también como “tax lease”. Los denunciantes argumentaron que con ese sistema las empresas navieras podían adquirir buques salidos de los astilleros españoles con descuentos que podían llegar al 30 %.

El efecto en la construcción naval española fue catastrófico ya que en 2010 su cartera de pedidos pasó de 27 barcos a los ocho de 2014. Finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó en 2016 el recurso de Holanda y avaló el sistema español de “tax lease” denunciado por ese país. Una decisión que vino precedida por la que la misma instancia judicial había tomado dos años antes y que daba por bueno el sistema español de amortización anticipada para la financiación de buques.

Una importante decisión que ha dado un espaldarazo a la industria nacional y que ha servido para enderezar el rumbo de una industria que en España aporta más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Un milagro al que ha contribuido además el gran nivel tecnológico y de especialización de los astilleros españoles. Un valor añadido que otorga a la fabricación española un plus de calidad, indispensable para competir con garantías de éxito a nivel internacional.

Pero estos buenos augurios tienen también sombras, materializadas por la competencia de los constructores asiáticos, especialmente China y Corea, y la incierta situación internacional como resultado de la política proteccionista en cuestión arancelaria del gobierno de Estados Unidos y las consecuencias de la salida del Reino Unido de las instituciones europeas, conocido como “brexit”.

En cuanto a la competencia de los potentes astilleros asiáticos, al sector naval español le preocupa la falta de regulación en cuanto a las ayudas públicas directas que reciben las constructoras navales asiaticas. Una competencia tachada de desleal que además se completa con las condiciones laborales de los trabajadores en esos países.

Otro punto de incertidumbre para el futuro del sector español es la guerra comercial abierta por el gobierno de Estados Unidos a costa de los aranceles a productos importados, de manera especial de China. Un contencioso, que al igual que el “brexit”, no está muy claro como afectará a la economía mundial. Dudas sobre las relaciones comerciales internacionales que pueden dañar a un sector, como la construcción naval en España, volcado a la exportación y muy necesitado de seguridad jurídica y certidumbres económicas.

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