La regulación de los colegios profesionales, un asunto complejo

La nueva regulación de los colegios profesionales, que pretende adaptar la legislación española a las exigencias europeas, está a punto de comenzar su tramitación en medio de las protestas de la mayor parte de los colectivos afectados.
Vista de un acto de protesta del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, al que se sumó el Colegio Superior de Arquitectos de España (CSCAE) y otrVista de un acto de protesta del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, al que se sumó el Colegio Superior de Arquitectos de España (CSCAE) y otros colectivos, contra el proyecto de Ley de Servicios Profesionales, en 2013. EFE/Archivo/Fernando Alvarado

Carlos Moral

Muestra de la dificultad que para el Gobierno ha significado sacar adelante esta nueva normativa, es que el proceso se ha dilatado casi dos años desde que fue anunciada en el Plan Nacional de Reformas.
La regulación disminuye de 80 a 38 las profesiones de obligada colegiación y deja fuera a actividades jurídicas y técnicas en régimen de dependencia laboral, al tiempo que se suprime la cuota de inscripción en los colegios y se fija en 240 euros el límite de la cuota anual, aunque con posibilidad de aumentarla si tres quintos de los asociados lo deciden.
Además se bonificará el 75 % de la cuota a los profesionales en desempleo, no se podrá exigir a los colegiados la contratación del seguro ofrecido por el colegio, sólo la ley estatal podrá crear obligaciones de colegiación y los profesionales podrán elegir el colegio con independencia de su domicilio social.
Finalmente, el Gobierno no ha querido abordar algunos de los aspectos más polémicos de la reforma. Así, ha evitado la liberalización en el sector farmacéutico o el conflicto que podía desatarse entre los arquitectos si se autorizaba a los ingenieros a firmar proyectos de viviendas.
Aun así, el rechazo entre los colegios es generalizado, con el argumento de que la existencia de estas instituciones asegura la profesionalidad y el control del servicio que se presta y que, a partir de ahora, los consumidores verán reducidas sus garantías cuando soliciten la prestación de un servicio.
En el lado opuesto, el Ministerio de Economía considera lógico reducir y unificar las cuotas de los colegios, que actualmente mantienen diferencias enormes, sobre todo cuando colegiarse supone un pago obligatorio por ejercer una profesión para la que ya se está cualificado.
También parece razonable que las reglas que rigen los colegios profesiones sean homogéneas, con independencia de la comunidad autónoma donde se realice la actividad, pues en los últimos años la dispersión normativa ha proliferado imparable.
La nueva regulación limitará el poder de las comunidades, que hasta ahora podían decidir la obligatoriedad de colegiarse en su territorio y disminuirá los ingresos de los colegios. Por contra, facilitará la libertad para ejercer la profesión y abaratará sus costes para miles de profesionales.
Las profesiones en las que la colegiación seguirá siendo obligatoria son la de médico, dentista, farmacéutico, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, podólogo, óptico-optometrista, biólogo, físico, químico, geólogo, psicólogo, arquitecto, arquitecto técnico, abogado, procurador, graduado social, notario, registrador de la propiedad y mercantil, ingeniería e ingeniería técnica regulada. EFE

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Publicado en: Análisis