La reforma energética del sector eléctrico

España se enfrenta a múltiples retos decisivos, más allá del vértigo político e institucional vivido en las últimas semanas, entre los que destaca la reforma de las condiciones de explotación, suministro y comercialización de la energía producida a través de la electricidad.
Protesta en Bilbao en febrero de 2014 para denunciar la reforma del mercado eléctrico y exigir la dimisión del ministro de Industria José Manuel SoProtesta en Bilbao en febrero de 2014 para denunciar la reforma del mercado eléctrico y exigir la dimisión del ministro de Industria José Manuel Soria. EFE/Archivo/Alfredo Aldai

Antonio Nogueira 

Desde los tiempos de José María de Oriol y Urquijo, presidente de Hidroeléctrica Española, cuyos consejos eran seguidos con interés -cuando no cumplimentados- por el poder a partir de los años cuarenta y hasta la actualidad misma, en España la política manda en el sector eléctrico, pues se encuentra en disposición de conseguir fácilmente objetivos muy loables, aunque en numerosas ocasiones marcadamente antieconómicos.

Además, los peores hábitos regulatorios y los malos comportamientos empresariales han terminado por dominar el panorama eléctrico español, desembocando, por su opacidad, en un incomprensible recibo de la luz que pagan cada mes los consumidores.

A esta mala praxis pública y privada se añade que no hay en la península ibérica Dueros, Tajos o Ebros suficientes para cubrir la demanda requerida. Para algunos esto confirma que no existe libertad de entrada en el mercado eléctrico y que, por tanto, éste debe conducirse hacia la planificación.

Por ello, tanto desde una óptica liberalizadora como bajo un enfoque intervencionista, nos encontramos en un callejón sin salida.

Las cifras son incontestables. En lo que se refiere a las causas del déficit tarifario, con datos del Ministerio de Industria, los costes se han multiplicado por más de tres desde 2005, hasta superar los 80 €/MWh en 2013; sin embargo, en el presente año los ingresos por tarifas de acceso fueron de poco más de 50 €/MWh, apenas el doble que en 2005.

Y respecto a los cambios en los componentes de la factura eléctrica, es indiscutible que los costes ajenos al suministro han subido más de la cuenta, pasando de representar el 27% en 2005 al 61% en 2013, puesto que a través de la factura eléctrica se pasan otros costes de política social o medioambiental.

Asimismo, si a tal aumento de precios añadimos las crisis internacionales (Fukushima, gas de Ucrania), los riesgos en la seguridad del suministro, la lucha contra el cambio climático, o los errores en la promoción de las energías renovables en el caso español, las dificultades no dejan de aumentar.

¿Un pacto de Estado solucionaría la situación? Tanto en la derecha como en la izquierda, al menos la académica, se advierte que en tales alianzas suelen colarse poderosos intereses ajenos al acuerdo entre cualquier gobierno y los consumidores.

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