Ley aborto

La reforma de la ley del aborto supondrá el segundo cambio desde su despenalización en 1985.

La reforma de la ley del aborto, anunciada por el Gobierno del PP, supondrá el segundo cambio en la regulación del aborto desde su despenalización en 1985.
EFE/leyenda/Eduardo AbadEFE/leyenda/Eduardo Abad

Aprobada por el primer gobierno socialista, la ley de 1985 despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

En julio de 1995 el Gobierno del PSOE presentó un anteproyecto de ley para ampliar los supuestos del aborto. La propuesta establecía un cuarto supuesto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer.

El 14 de diciembre de 1995, el pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley de ampliación del aborto que introducía el cuarto supuesto. La convocatoria anticipada de elecciones generales evitó el debate en el Senado y el Ejecutivo socialista no logró aprobar el texto.

La ley no registró modificaciones hasta 2009, con los socialistas de nuevo en el Gobierno que elaboraron una nueva regulación del aborto, que el 24 de febrero de 2010 el Senado aprobó.

Dicha ley, actualmente vigente, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé, no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un comité clínico.

En los casos de chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, al menos uno de los padres o tutores legales de la menor deberá ser informado, excepto si alegan riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos en el ámbito familiar, en cuyo caso la decisión recae en el médico.

El texto prevé también que los profesionales sanitarios pueden ejercer la objeción de conciencia.

En cuanto al Código Penal, castiga no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos o en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley. No incluye, sin embargo, pena de prisión para la mujer.

La ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Gobierno navarro, que pidieron su suspensión cautelar, aunque fue rechazada. En febrero de 2010 las plataformas Derecho a Vivir y Hazte Oír entregaron más de un millón de firmas en contra del nuevo texto.

El PP, por su parte, incluyó en su programa electoral la reforma de la ley sobre el aborto, que fue anunciada en enero de 2012, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno del PP plantea una reforma que contemplará varios supuestos para abortar, como la violación o que esté en peligro la vida de la madre. Además, las menores de edad necesitarán el consentimiento paterno para abortar.

Desde que se aprobó la despenalización del aborto, en 1985, se han practicado en España en torno a 1,7 millones de interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley, y las cifras han ido creciendo año tras año. En 2011 se realizaron 118.359 abortos.

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