La reforma constitucional: propuestas y desafíos

El estudio sobre la reforma constitucional presentado recientemente por la Universidad Alfonso X el Sabio (La Reforma Constitucional: propuestas y desafíos, Editorial Aranzadi, 2018) no confirma solo la necesidad de una reforma del texto.
Javier López de Goicoechea Zabala, coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio.Javier López de Goicoechea Zabala, coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Javier López de Goicoechea Zabala, doctor en Filosofía, doctor en Derecho y Coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio

 

Trata, más bien, de arrojar luz sobre aspectos de la realidad social española, que como toda sociedad compleja y cambiante, han evolucionado con el tiempo y, quizás, requieran de nuevas formulaciones y fundamentaciones que podrían inspirar cambios significativos en el texto del 78 o bien una mutación constitucional a través del desarrollo legislativo.

Si la vida de una Constitución es la vida de un país y de sus ciudadanos, es lógico pensar que nuestra vida ha sufrido cambios sustanciales a lo largo de estos cuarenta años de democracia.

Cambios en los valores sociales, en la mentalidad de los españoles, en las formas de convivencia, en nuestra relación con los nuevos instrumentos que la tecnología pone a nuestro alcance, en nuestra integración y proyección hacia Europa; en definitiva, cambios de una sociedad madura que vive día a día en el vértigo de un mundo globalizado y en red. Pues bien, esta propuesta aborda catorce cuestiones que, a juicio de sus autores, merecen una serena reflexión y una nueva conformación normativa.

Una Constitución no sólo surge de un gran pacto social, sino que es un pacto en sí misma. Es el pacto político por excelencia, por el que se produce, en términos del angevino Jean Bodin, la translatio imperii, o en términos suarecianos, el pactum in subiectionis. Es el contrato político por el que la ciudadanía garantiza sus derechos, y distribuye y controla el poder. Es, en palabras de Carl Schmitt, el basamento último, nuclear e irreductible de todo el ordenamiento jurídico, de la legitimidad y, en definitiva, de la convivencia social.

De esta manera, estas catorce propuestas de reforma podemos agruparlas en tres problemas fundamentales: las garantías del derecho a la intimidad y el desarrollo de las libertades individuales; la representación política y la independencia de los poderes del Estado; y el problema de la configuración territorial del mismo.

Sobre el primero de los problemas apuntados, Arroyo Abad plantea la complicada cuestión de los límites del derecho a la intimidad en el ámbito laboral, sin menoscabar el derecho a la libertad de empresa, entendiendo que los cauces del control y vigilancia deberán siempre responder a criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, para no socavar la intimidad personal.

Por su parte, De Torres Soto aborda el contenido material y sustantivo del art. 39.2, con todos los problemas qde Goicoechea Zabalaue suscitan las garantías de la dignidad y de la identidad personal, tratando de superar el desequilibrio existente en nuestra legislación entre los derechos amparados por la Constitución y el anonimato al que obliga la legislación de técnicas reproductivas, privando a los hijos de la efectividad de algunos de estos derechos fundamentales.

López de Goicoechea Zabala aborda los importantes cambios sociológicos que hacen de la libertad religiosa algo muy distinto a lo que tuvieron que abordar los constituyentes hace cuarenta años, en especial en la interpretación del principio de cooperación con las confesiones.

Y Vizcaíno Ramírez y Montoyo González abordan la candente cuestión del derecho a una vivienda digna, urgiendo a definir tal derecho como un derecho subjetivo y al pleno cumplimiento del mandato constitucional en el sentido del desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda, el impulso a figuras jurídicas como el alquiler a largo plazo y el ejercicio práctico de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas en los que la Administración pueda ejercerlos.

Sobre el segundo de los problemas apuntados, Bautista Samaniego aborda la cuestión permanente de la legitimidad democrática a través del sistema de representación política y su correlato de la reelección de los representantes políticos, centrándose en el artículo 23 de la Constitución.

Jarillo Gómez nos propone una reforma que permita una mejor adaptación a la realidad demográfica actual de nuestros territorios y un mejor reparto proporcional de sus representantes, apostando por un sistema de listas abiertas, mayor proporcionalidad según la demografía, establecer una barrera del 5 % por diputado o la división de las circunscripciones provinciales.

De Urbano Castrillo parte del art.117 del texto constitucional desde el análisis económico del Derecho, centrándose en la efectividad de la justicia. García Torres entra de lleno en el arduo debate sobre la conformación del Consejo General del Poder Judicial, piedra de toque de la tan traída independencia judicial, apuntando hacia una composición paritaria entre jueces y magistrados, y abogados y juristas, en función de la antigüedad, mérito y capacidad, elegidos por un comité de expertos compuesto por los expresidentes del Tribunal Supremo y representantes de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas.

Finalmente, Jiménez Leube analiza críticamente la hipertrofia legislativa y la huida de la teoría de las fuentes del Derecho, que hacen que todo el sistema jurídico gire en torno al control constitucional del ordenamiento jurídico.

Y sobre el problema de la conformación territorial del Estado, Pascucci de Ponte repasa de manera minuciosa todos los mecanismos de reforma constitucional, insertando en cada caso aquellos artículos que merecerían hoy en día una modificación sustantiva; y, en concreto, apuesta por una reversión al Estado central de las competencias educativas y la reforma del sistema de financiación de modo que los principios de igualdad y solidaridad queden perfectamente delimitados y garantizados.

López de Goicoechea Zabala realiza un ensayo sobre el alcance del artículo 2 de la Constitución, desde el análisis histórico-crítico del concepto de unidad esencial contraponiéndolo al de unión constitucional pactada, intentando el encaje de las nacionalidades históricas en el marco constitucional.

Y Salinas López nos ofrece una exposición de los conflictos de leyes entre el Derecho Internacional Privado y la Unión Europea, así como su incidencia en los llamados Estados plurilegislativos, concluyendo en la necesidad de redefinir y clarificar las competencias del Estado mediante una clausula atributiva detallada que permita resolver los conflictos internos con sus Comunidades Autónomas.

Si realizamos un breve elenco de las cuestiones planteadas, quizás nos demos cuenta de los desafíos a los que se enfrenta la España constitucional del siglo XXI: el derecho a la intimidad en el siglo de las tecnologías aplicadas, el problema de la representación política, la independencia judicial, el derecho a una vivienda digna, los problemas de la integración europea en un marco convencional y plurilegislativo, la efectividad de la justicia, la secularización de nuestra sociedad o, finalmente, el problema acuciante de lo que somos como país, como nación y como Estado.

Todas ellas son cuestiones esenciales en el convencimiento de que nuestra Constitución es el soporte de nuestra convivencia social, desde la complejidad y pluralidad que todos debemos asumir y compartir, no como un elemento insidioso y contraproducente, sino como la oportunidad de atender las demandas sociales de nuestros conciudadanos.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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