La pobreza infantil, cuestión de Estado

El anuncio de la creación del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil por parte del nuevo Gobierno de España ha sido recibido con gran interés.
Luis Ayala,  catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.Luis Ayala, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.

Luis Ayala Cañón, colaborador de la Fundación Alternativas y catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos

 

Aun con el riesgo de poner apellidos a un problema estructural en las sociedades contemporáneas, que no sólo se concentra en la primera cohorte de edad, poner la atención en la importancia que tiene el bienestar de la infancia puede suponer un paso adelante para un país como España, que se sitúa en las peores posiciones del ranking europeo en términos de los principales indicadores de desigualdad y pobreza.

Sufrir la pobreza durante los años de infancia afecta en el largo plazo al nivel educativo alcanzado, al estado de salud, a la calidad del empleo obtenido, y, en general, a todo un conjunto de dimensiones importantes para el bienestar social.

Pese a la evidencia de consecuencias tan negativas, la vulnerabilidad de los hogares con menores ha crecido en los países de renta alta. Los altos niveles de crecimiento económico registrados antes de la crisis no bastaron para reducir sustancialmente el riesgo social de este colectivo, y el prolongado deterioro de la situación económica aumentó considerablemente su insuficiencia de recursos.

Antes del inicio de la crisis, la tasa de pobreza de los menores de 18 años en la UE se acercaba al 20 % del total. En la actualidad, el problema ya afecta a uno de cada cinco niños europeos, siendo España uno de los países donde está más extendido, con una tasa cercana al 30 %.

Pese a un nivel tan elevado, prácticamente no se han diseñado programas específicos estatales para rebajar su alcance, ni se ha dado a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los hogares con niños un lugar preeminente entre las prioridades de la intervención pública.

Como resultado, el gasto en protección social dedicado a familia e hijos en España, un 1,3 % del PIB, es muy bajo en comparación con el de los países de nuestro entorno. Esa cantidad es la mitad de lo que gasta Francia, un cuarenta por ciento del dato de Alemania y apenas un tercio de lo que invierten la mayoría de los países nórdicos.

No es extraño, ante tan bajos niveles de gasto, que el efecto de las prestaciones monetarias sobre la pobreza de los hogares con niños sea en España significativamente menor que en la gran mayoría de los países de la UE.

Una parte importante, además, del esfuerzo público en protección de los hogares con menores de edad no llega a los que tienen menos recursos, como ocurre con las deducciones y minoraciones en el ámbito del impuesto sobre la renta dirigidas a ajustar el pago del mismo en función de las necesidades del hogar. Sólo quienes están obligados a hacer la declaración del impuesto pueden beneficiarse de estas deducciones, lo que excluye de este beneficio fiscal a los colectivos más empobrecidos.

Dada la limitada protección que ofrece el sistema de impuestos y prestaciones a las familias con hijos dependientes, una de las tareas urgentes del Comisionado consistirá, sin duda, en identificar las posibles reformas y proponer un plan razonable para llevarlas a cabo.

Entre las distintas alternativas posibles, no puede olvidarse el hecho de que España es uno de los pocos países de la UE sin prestaciones universales por hijo. Solo siete de los países que integran la UE-28 carecen de un sistema universal para este colectivo y son, precisamente, algunos de los que tienen mayores tasas de pobreza infantil.

Como estrategia intermedia, parece imprescindible crear un nuevo programa o reformar considerablemente la prestación por hijo a cargo, que en relación a la renta media de los hogares españoles es la segunda más baja de la UE.

Las medidas anteriores se refieren al ámbito directo de las prestaciones específicamente dirigidas a los hogares con niños. España destaca también en el contexto comparado por carecer de una última red de seguridad económica homogénea, con enormes diferencias entre los programas autonómicos, capaz de cubrir con carácter general a la población más vulnerable.

Salvo en contadas regiones, tampoco se ha explorado, a diferencia de otros países, la posible combinación de alguna de esas hipotéticas reformas con diferentes fórmulas de subsidios salariales que traten de reducir la incidencia de la pobreza entre los trabajadores con salarios bajos.

Finalmente, siendo importante el desarrollo de prestaciones monetarias adecuadas, buena parte de la lucha contra la pobreza en los hogares con niños se juega en el ámbito de los servicios básicos de bienestar social. Sin el refuerzo tanto de los programas educativos focalizados en los colectivos con desventajas como los de acceso universal, como es la educación de 0 a 3 años, factor básico para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar, será muy difícil avanzar en la igualdad de oportunidades y contener la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Dentro del ámbito educativo, parece imprescindible también un nuevo plan de estímulo del éxito educativo y de lucha contra el fracaso escolar. La política educativa debe hacer frente además al creciente problema de segregación territorial de los hogares con niños.

De la misma forma, habría que incorporar algunas reformas necesarias en otros ámbitos de los servicios públicos básicos, como el de la salud, la vivienda o los propios servicios sociales para intentar mejorar sustancialmente la situación de los hogares con niños.

Esta rápida revisión de las posibles opciones exige un plan integral de acciones transversales y, sobre todo, poner el foco en los determinantes últimos de los problemas de los hogares con niños. Más que sobre la pobreza infantil como concepto y objetivo, las políticas públicas deben tratar de reducir los problemas de equipamiento y de insuficiencia de ingresos de los hogares con niños.

Estos proceden de ámbitos que van más allá de la propia condición de la infancia, como las dificultades de acceso al mercado de trabajo, la extensión del empleo de bajos salarios o el limitado alcance de la intervención pública redistributiva.

Parece necesario, por tanto, mejorar el diseño y la aplicación de las políticas focalizadas, para atender específicamente las necesidades de los hogares con niños, pero también combinarlas adecuadamente con medidas de carácter más general.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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