La memoria histórica y el fin del 20N en el Valle de los Caídos

En 2011 participé en la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos nombrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Elaboramos un informe en el que la recomendación estrella era la exhumación de Francisco Franco del monumento y el traslado de José Antonio Primo de Rivera a una cripta lateral. Sobre la salida de Franco del monumento, se emitieron tres votos particulares en contra.
Francisco Ferrandiz, antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).Francisco Ferrandiz, antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Francisco Ferrandiz, antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), director de un proyecto sobre exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y autor del libro El pasado bajo tierra

 

La lógica de esta decisión era que para transformar el statu quo del monumento era preciso desmantelar la jerarquía funeraria franquista que lo preside. Franco y José Antonio flanquean hoy el altar mayor de la basílica, donde se celebran misas diarias desde la inauguración oficial del Valle el 1 de abril 1959 -en el vigésimo aniversario de la victoria militar de Franco-. Un anacronismo inexplicable en una democracia consolidada.

¿Cómo es posible que la España del año 2011, o del 2018, aún esté debatiendo, muchas veces de forma crispada, sobre el destino funerario de un dictador y la gestión de un monumento totalitario como el Valle de los Caídos, erigido a mayor gloria de los vencedores en la guerra? Para entender por qué el Valle se ha convertido en un nodo de controversias memoriales, hay que rebobinar unos años.

Desde hace casi dos décadas he coordinado un proyecto de investigación sobre las exhumaciones de fosas comunes de civiles republicanos ejecutados durante la Guerra Civil, un tema que ha tenido una importante repercusión mediática y ha generado no poca controversia social y política.

En un primer momento, fue la generación de los nietos de los derrotados en la guerra la que se implicó de manera más intensa tras la famosa exhumación de Priaranza del Bierzo (León) del año 2000, promovida por el periodista Emilio Silva. Con las noticias de las primeras exhumaciones, las solicitudes de rescate de cuerpos fusilados de las fosas aumentaron exponencialmente. En pocos años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respondió a esta demanda social con una ley de memoria histórica (Ley 52/2007).

Muchas asociaciones y colectivos de víctimas quedaron insatisfechos con el resultado final. Comenzaron a interponer demandas por desaparición forzada en la Audiencia Nacional. En 2008, el juez Baltasar Garzón dictó un auto declarándose competente para enjuiciar los crímenes del franquismo apelando al derecho internacional. Poco después tuvo que inhibirse. Fue juzgado en 2012 en el Tribunal Supremo por estos hechos, aunque finalmente fue declarado inocente.

Pero la conexión con la justicia universal ya estaba consolidada. En 2010, algunas víctimas empezaron a denunciar las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos en la llamada Querella argentina. Más adelante, la ONU envió a España dos misiones en 2013 y 2014: la del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y la del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ambas emitieron informes contundentes denunciado el desamparo de las víctimas del franquismo.

La irrupción de estos cuerpos fusilados en el espacio público más de 25 años después de la muerte de Franco y con una democracia consolidada con alternancia política entre derechas e izquierdas, fue para muchos sorprendente. La Transición española ha sido repetidamente puesta como ejemplo de un tránsito exitoso entre un régimen dictatorial y uno democrático. Los nietos de la derrota en la guerra comenzaron a poner objeciones a este relato. ¿Cuál era el precio que se había pagado por las políticas de reconciliación de ese periodo? ¿Por qué no se había prestado la debida atención a las víctimas del franquismo? ¿Cómo era posible que el país aún tuviera un número tan importante de fosas comunes abandonadas a su destino? ¿Por qué se había permitido la total impunidad del franquismo?

Paulatinamente, el debate social y político sobre la memoria de la Guerra Civil y el franquismo se expandió más allá de su matriz originaria en las fosas y comenzó a enfocarse también en la pervivencia de otras expresiones del franquismo en el espacio público: los símbolos, la estatuaria, los nombres de las calles y plazas, etcétera. Aunque estos temas ya se habían enfrentado durante la Transición –cabe recordar que el Paseo de la Castellana de Madrid se llamó hasta 1980 Avenida del Generalísimo, y la Gran Vía fue Avenida de José Antonio hasta 1981-, cobraron un nuevo impulso.

Por su parte, el Valle de los Caídos, que había resistido varias décadas en un cierto limbo de normalidad patrimonial, fue cuestionado con mayor intensidad. Para desconcierto de muchos, se descubrió que algunas de las fosas comunes de republicanos que se estaban buscando ya habían sido exhumadas con anterioridad y trasladadas al Valle a partir de 1959, junto con más de 30.000 cuerpos de casi todos los puntos del país.

La intersección entre el proceso de exhumación de fosas comunes y las criptas del Valle hizo que el monumento entrara de lleno en la controversia memorial. Los familiares de republicanos trasladados al Valle han luchado en los tribunales durante años por el rescate de sus cuerpos. La Ley de 2007 prohibió que se llevaran a cabo allí “actos de naturaleza política” o “exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.

En este contexto, la onda expansiva de la memoria histórica empezó a cuestionar los entierros de honor de los militares que habían participado en el golpe de estado de 1936. En 2016 se exhumaron los cuerpos de los generales Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos de Pamplona. En Sevilla, muchos reclaman la retirada del cuerpo de Queipo del Llano de la Basílica de la Macarena. En agosto de 2018, el Gobierno socialista publicó en el BOE un Real Decreto-ley que establecía las condiciones para la próxima exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Este 20 de noviembre, día emblemático de exaltación del franquismo al coincidir la fecha de las muertes de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera -con 39 años de diferencia-, será el último en el que el Valle de los Caídos disponga de su principal capital simbólico y político: la tumba de Franco. Aunque de manera muy tardía, en ocasiones tensa y posiblemente imperfecta, España continúa forcejeando con sus fantasmas de la Guerra Civil y la dictadura.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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