La justicia española mantiene su pulso con Alemania

El Tribunal Supremo español emite un auto en el que introduce argumentos contra la resolución de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein que cuestionó la existencia de violencia en el proceso separatista catalán, una cuestión clave sobre la que gira la decisión definitiva sobre la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de rebelión.
Vista del hemiciclo del Parlamento de Cataluña, con lazos amarillos en los escaños en recuerdo de diputados presos, autonómicos. .EFE/Toni AlbirVista del hemiciclo del Parlamento de Cataluña, con lazos amarillos en los escaños en recuerdo de diputados presos, autonómicos. .EFE/Toni Albir

 

Evaristo Amado

 

¿Hubo violencia en el proceso político promovido por los partidos independentistas catalanes que convocaron a los ciudadanos a participar en la consulta sobre la ruptura con España del 1 de octubre de 2017?

Esta cuestión crucial sobre la que contienden en las últimas semanas la justicia española y la alemana amenaza con desatar una escalada de tensión entre las justicias de ambos países, pero también entre los representantes políticos de ambos estados, cuyos ministros de Justicia ya se han visto obligados a mantener conversaciones para contener un enfrentamiento dialéctico en ciernes en torno a este asunto.

La justicia alemana se vio implicada en las gestiones de España para conseguir la estradición de Puigdemont cuando el político catalán, prófugo de la justicia española desde que a finales de octubre de 2017 huyó a Bélgica con cuatro miembros del gobierno regional catalán, fue detenido en territorio germano cuando regresaba tras un viaje a Finlandia. 

El arresto se produjo tan solo dos días después de que el Tribunal Supremo español hubiera emitido una orden de detención internacional contra Puigdemont y otros seis implicados en el proceso soberanista huidos de la justicia, tras procesarlos junto a otras 19 personas por delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros.

No todos los acusados por el Supremo en esta causa se enfrentan al delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión y que se recoge en el Código Penal español para castigar a aquellos cuya conducta se alce “violenta y públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos.

Pero Puigdemont sí, y es este punto el que ha generado el conflicto, ya que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidió dejar en libertad al político catalán tras descartar el pasado 5 de abril la existencia de violencia en los hechos que motivaron el proceso de extradición, y mantuvo la posibilidad de entregarlo a España por el de malversación de fondos públicos.

Este episodio generó duras críticas en España, donde incluso se acusó a la audiencia alemana de extralimitarse en sus funciones. En su defensa salió la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, que calificó de “absolutamente correcta” la decisión de la audiencia de descartar el cargo por rebelión, lo que generó tal malestar en el Ejecutivo español que días después el Ministerio de Justicia alemán informó de que su titular había hablado con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar el “malentendido”.

 

Nuevo alegato.

Ahora, en una nueva vuelta de tuerca sobre la polémica, el Tribunal Supremo español -la máxima instancia judicial, al margen de las cuestiones constitucionales- ha aprovechado la emisión de un auto de respuesta a recursos de los procesados para responder a los argumentos que cuestionan la existencia de violencia en el proceso catalán hacia la independencia.
Para el Supremo, cuando la rebelión -un delito que no existe en Alemania, donde no existen movimientos independentistas potentes, pero equiparable al de alta traición que sí recogen las leyes germanas- es dirigida por personas que ostentan el poder en una comunidad autónoma ya se genera la suficiente presión sobre el Estado como para que no sea necesaria la concurrencia de la violencia, que se considera imprescindible en otros casos de rebelión.
El tribunal español argumenta además que el caso de lo sucedido en Cataluña no puede compararse, como hizo la audiencia regional alemana, la consulta popular convocada por el gobierno regional catalán con el objetivo de refrendar la ruptura con España con unas revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.
Alega que los hechos investigados se produjeron después de más de dos años de incumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional español y “poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”.
Además, el Supremo se pregunta en su auto qué sucedería en Alemania si el presidente de un ‘Land’ -el nivel administrativo equivalente a una comunidad autónoma española como Cataluña- incurriera en una conducta similar.
No obstante, el Supremo abre la puerta a extraditar a Puigdemont por el delito de sedición, que conlleva una menor pena, en el caso de que se mantuviese la tesis de que no existió violencia.

 

Reunión de los fiscales.

En la próxima decisión de la Audiencia Regional de Schleswig-Holstein es probable que pesen los nuevos argumentos que le hará llegar la Fiscalía de este tribunal, que se ha reunido hace unos días con su contraparte española para clarificar y acuñar los delitos incluidos en la euroorden de detención.
A diferencia de la audiencia, la fiscalía alemana sí respaldó en el proceso de extradición iniciado a finales de marzo todos los puntos de la petición del Tribunal Supremo español, tanto en lo que concierne al cargo de rebelión, como al de malversación de fondos públicos.
En la reunión la fiscalía española aportó un archivo de pruebas que demostrarían la eventual violencia que tuvo lugar antes, después y durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña y con las que se podría justificar el delito de rebelión contra Puigdemont.
Con estas eventuales pruebas de violencia, los fiscales alemanes irán a la próxima sesión, aún sin fecha, en la que la Justicia alemana decidirá si el expresidente catalán debería ser entregado a España o no, y en caso afirmativo, con qué delitos se le entregaría. EFE 

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Publicado en: Análisis