ESPAÑA CATALUÑA

La justicia española cita a expresidente de Cataluña por rebelión, sedición y malversación

La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ha citado para los días 2 y 3 de noviembre como investigados al expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y miembros de su gabinete por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. La cuestión que se plantea es si acudirán a declarar ante la justicia española después de considerar desde Bruselas que dudan de las garantías jurídicas.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa que ofreció en el Club de la Prensa de Bruselas, BélgiEl expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa que ofreció en el Club de la Prensa de Bruselas, Bélgica este 31 de octubre de 2017. Puigdemont llegó a Bruselas después de que la Fiscalía española anunciara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gobierno regional, así como otra querella contra la mesa del Parlamento autónomo. EFE/Olivier Hoslet

La magistrada les dio además un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.
La jueza fija esa fianza en el auto en el que cita a declarar a Puigdemont y a los trece integrantes del Gobierno regional que presidía, antes de ser cesados por el Ejecutivo central en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
La magistrada les advierte de que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada por la Fiscalía por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al exjefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares.

Dudas sobre su comparecencia

La cuestión que se plantea es si Puigdemont no acude a declarar a la Audiencia Nacional, tras sus declaraciones desde Bélgica, donde se encuentra en estos momentos, de que no volverán -él y otros miembros de su gabinete- a España mientras no haya garantías.
En el caso de que no se presenten ante el tribunal español, la Fiscalía podría pedir a la juez Carmen Lamela que libre las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, de aprobarlas la magistrada, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus “consellers”.
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera al ordenamiento español una directiva europea de 2002.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación.

El ordenamiento jurídico belga

En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.
Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.

La respuesta del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, por su parte, ha recordado al expresidente de la Generalitat de Catalunña que en España no se persigue a nadie por sus ideas, creencias u opiniones, “sino solo por su actuaciones al margen de la ley”.
Interior, según han indicado a Efe fuentes de este departamento, le recuerda también que los exmiembros del Gobierno de la Generalitat, “refugiándose en un victimismo que solo ellos creen, vuelven a olvidar que en España, como Estado de derecho, están garantizadas la seguridad y la libertad de todos sus ciudadanos”. EFE

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