La jueza Servini interroga a dos víctimas del franquismo

La magistrada, que instruye en Argentina las denuncias de víctimas españolas de la dictadura franquista (1939-75) interrogó a dos de ellas y planteó la apertura de archivos militares y eclesiásticos en el marco de su investigación.
La jueza Servini interroga a dos víctimas del franquismo

Comenzó sus estudios de derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Durante la dictadura de Videla fue juez de menores y tuvo a su cargo los primeros casos de niños secuestrados durante los años de régimen militar en Argentina. Fue el único juez que recibió a las “Madres de la Plaza de Mayo” durante esa etapa en el país sudamericano.

En 1991 llevó a cabo la investigación del caso “Yomagate”, una trama de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que aparecía el nombre de Amira Yoma, cuñada y jefa de audiencias del entonces presidente argentino, Carlos Menem.

Las pesquisas estaban dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón que requirió más información a la justicia argentina ante la contundencia de las pruebas que manejaba. La jueza fue el contacto de Garzón con la Justicia argentina y según sus críticos ocultó información e intentó obstaculizar los avances del juez español.

Su actuación en el caso le valió la acusación de encubrimiento, prevaricación, abuso de autoridad, falso testimonio, incumplimiento de sus deberes y violación de secretos por parte de otros dos jueces y la apertura en 1992 de un proceso político en el Parlamento argentino que finalmente no prosperó.
Ese mismo año consiguió que la Justicia censurase una sátira del cómico televisivo argentino Tato Bores.

Su investigación sobre los abusos a los derechos humanos durante el régimen militar le llevó a ordenar la detención del miembro de la Junta Militar, Emilio Massera, el 24 de noviembre de 1998 y a interrogar a Michael Townley, exagente de la DINA (policía secreta del régimen de Pinochet), en relación con la muerte del general chileno exiliado Carlos Prats.
Su deseo de conservar intacta su imagen pública le llevó a interponer en 2008 un recurso para bloquear el acceso a cualquier información e imágenes en las que apareciera sin su consentimiento en los buscadores Google y Yahoo. Sin embargo, la demanda fue rechazada.

Fue en abril de 2010 scuando fue presentada en su juzgado una demanda para investigar los crímenes de la dictadura franquista en España. A pesar de rechazar la causa en un principio, en septiembre de 2010 un tribunal de apelaciones de Buenos Aires la obligó a reabrir la causa.

En su investigación solicitó a España información sobre ministros, jefes de seguridad españoles y dirigentes de la Falange Española. También requirió datos de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo en régimen de esclavitud.

El 19 de septiembre de 2013 ordenó la busca y captura, a través de la Interpol, de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas, supuestamente involucrados en delitos de represión, en virtud del Código penal argentino y en la Convención Internacional contra la tortura.

Las cuatro solicitudes correspondían a Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. EFE/DOC