La juez de los ERE imputa a un tercer cuñado del exsindicalista Lanzas

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, imputa en la causa a Carmelo Cruz, "intruso" en el expediente de la empresa Dhul, el tercer cuñado del exsindicalista Juan Lanzas implicado, acusado de percibir 183.000 euros junto con su esposa sin tener derecho a ello.
EFE/Archivo/Raúl Caro

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   En un auto del pasado 31 de julio,  la juez recoge que Carmelo Cruz Porcel fue incluido en la póliza de Dhul junto a su esposa María Ángeles Sierra, cuñada de Lanzas, con lo que se unen a otros familiares ya imputados como el propio mediador y su esposa, Patrocinio Sierra, incluidos en la póliza de Hytemasa.

    Además, su cuñado Ismael Sierra fue encarcelado en marzo pasado y quedó libre tras pagar 50.000 euros de fianza, como titular de las empresas presuntamente utilizadas para blanquear el dinero de las sobrecomisiones que cobraban a la Junta.

    En su nuevo auto, la juez ha imputado a otras 23 personas, entre ellos Pablo y Javier Ruiz Mateos, hijos del empresario José María Ruiz Mateos y negociadores  con Lanzas del ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).

    En cambio, rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Francisco Jardón, presidente de la patronal de limpieza Aselip, y a directivos de FCC Medio Ambiente porque la ayuda que negoció el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para poner fin a la huelga de limpieza pública en Granada “se vio refrendado en el convenio colectivo  para la provincia de Granada “.

       El “Caso de los Ere” es la cuarta causa relacionada con el “Caso Mercasevilla” y tiene su origen en las irregularidades en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla.

     La causa acumula  ya 116  imputados, que según la investigación, defraudaron entre 2001 y 2010 alrededor de 130 millones de euros. De esta cifra 50 corresponden a sobrecomisiones pagadas a asesorías y bufetes de abogados, más de 73 millones a ayudas a empresas y otros 12 pasaron a manos de intrusos, es decir beneficiados sin relación laboral con la empresa en situación de ERE.

   Los hechos se remontan a los años 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta de Andalucía. El comité de empresa fue quien denunció que en el primero se encontraba un “intruso”. Posteriormente la investigación descubrió más casos fraudulentos.

    La investigación de la Guardia Civil dejó al descubierto un complejo sistema para conceder ayudas millonarias (procedentes de la Junta de Andalucía) “basándose en decisiones discrecionales” que pudo ser utilizado en las prejubilaciones de más de sesenta empresas acogidas a los planes gubernamentales de empleo entre 2001 y 2010.

   Estas ayudas beneficiaron a personas ajenas a los eres, sin derecho a percibir las ayudas, y no tenían que ver con necesidades objetivas sino que respondían a intereses personales.

    La juez instructora aso y titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, calculó en al menos 50 millones de euros el valor de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas con dinero público.

   Este dinero salía del programa presupuestario 31L, conocido como “fondo de reptiles”, y se repartía entre las aseguradoras, que financiaban las prejubilaciones, los despachos de abogados encargados de los trámites y altos cargos de la Junta que percibían comisiones de  mediadores.
EFE/DOC

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