La inversión pública estatal no satisface a las comunidades autónomas

El descenso en inversión pública regional del Estado, rechazado por la mayoría de comunidades autónomas, es fruto del techo de gasto exigido para cumplir con el déficit y acentua la necesidad de reforma del modelo de financiación.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside una reunión del Consejo de Ministros el pasado mes de enero. EFE/Archivo/Emilio NaranjoEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside una reunión del Consejo de Ministros el pasado mes de enero. EFE/Archivo/Emilio Naranjo

Isaac Arocas

El proyecto de Presupuestos Generales para 2017 tan solo disminuye la inversión pública un 2,8 %, hasta los 12.900 millones de euros, pero reduce la distribución territorial en un 22,7 % hasta los 8.600 millones.
Este considerable descenso ha generado malestar en todas las comunidades, incluso algunas dirigidas por el Partido Popular (formación política que lidera el Gobierno central), muy críticas con unas cifras que no alcanzan las previsiones que manejaban.
El Gobierno aduce que el proyecto presupuestario recoge el límite de gasto no financiero de 118.000 millones y un gasto en intereses de 32.000 millones, necesario para avanzar en “la corrección del déficit público” exigido por la Unión Europea (UE).
Además apunta que las inversiones en infraestructuras oscilan considerablemente en función de la finalización de los proyectos.
Tan solo en Canarias, que alberga a los diputados claves para la aprobación presupuestaria, aumentan las inversiones, un 2,5 % más que en 2016.
Andalucía, la más castigada con un recorte del 36,6 %, seguida de la Comunidad Valenciana con un 33,8 %, ambas con ejecutivos socialistas, son las autonomías que más han protestado.
Cataluña, a pesar de un leve recorte del 2,7 % en obra pública, también ha reclamado el aumento prometido por el Gobierno en infraestructuras, si bien Hacienda lo circunscribe a toda la legislatura.
El Ejecutivo responde que existen otras partidas fundamentales como el reparto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el que Cataluña, Valencia y Andalucía son los principales receptores.
Otro de los aspectos que subyace en los Presupuestos es si la aportación económica por parte del Estado es suficiente o es preciso reformar el sistema de financiación autonómica.
El Gobierno esgrime que estos Presupuestos ya recogen una mejora de las transferencias que les corresponden a las comunidades, que dispondrán de más recursos que al inicio de la crisis para sanidad, educación y protección social.
En este sentido, la financiación total para este año ascenderá a 99.822 millones de euros, un 5,7 % con respecto a 2016, lo que supone un incremento de 5.386 millones.
Es la suma de casi 92.400 millones de euros en entregas a cuenta del régimen común del sistema de financiación (excluidos País Vasco y Navarra) y 7.425 millones de liquidaciones del ejercicio de 2015.
En la reforma del modelo de financiación hay dos posturas diferenciadas, las comunidades que reivindican inversión según la población y las que exigen un porcentaje en consonancia con su aportación al PIB nacional.
En estos Presupuestos, Andalucía denuncia que el 13,5 % de la inversión destinada no se corresponde con el peso de su población, que asciende al 18 %, por lo que la aportación por habitante queda un 74 % por debajo de la media.
Asimismo, Cataluña considera que el dato del 13,4 %, pese al incremento del 6,2 %, sigue lejos de su influencia en el PIB del conjunto del Estado, cifrado en alrededor del 19 %.
Lo que es evidente es que ni los porcentajes globales ni los números de inversión en infraestructuras convencen a la mayoría de comunidades, que se quejan de la actual fórmula de reparto. EFE