La intervención del Gobierno en Cataluña se abre paso con escasa oposición

La intervención de la autonomía de Cataluña, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, no ha encontrado apenas réplica y frente a lo que cabía esperar hace unos días, el debate se ha desplazado desde la previsible resistencia independentista a las elecciones regionales.
La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría conversa con el presidente del gobierno Mariano Rajoy en el Congreso. EFE/Archivo/KIKO HUELa vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría conversa con el presidente del gobierno Mariano Rajoy en el Congreso. EFE/Archivo/KIKO HUESCA

 

Carlos Moral

 

Con la convocatoria para el 21 de diciembre de los comicios autonómicos el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto un plazo preciso y breve a la aplicación del artículo 155 de la Constitución -el que permite al Estado asumir competencias autonómicas-, con lo que garantiza la cohesión del bloque constitucionalista al satisfacer las demandas del PSOE, que pedía una intervención limitada y corta, y de Ciudadanos, que reclamaba elecciones inmediatas.

Un apoyo muy revelante, puesto que refuerza la legitimidad de la aplicación del artículo 155 y establece un cauce por si es necesario volver a recurrir a él en el futuro, ya que hasta ahora nunca se había puesto en marcha y su utilización era territorio inexplorado.

La multitudinaria manifestación en Barcelona del pasado domingo a favor de la aplicación del 155 y en contra de la independencia, con la presencia de los líderes en Cataluña del PP, Ciudadanos y del PSC socialista, refrendó en la calle este respaldo institucional.

Por contra, la respuesta del independentismo ha sorprendido por su tibieza. Tras meses de movilizaciones masivas, los primeros pasos de la intervención del Gobierno central no han encontrado apenas resistencia, y tanto el Parlamento catalán como la Generalitat -Ejecutivo catalán- han acatado el 155.

Sin embargo, el presidente catalán, Carlos Puigdemont, y cinco de los consejeros de su Gobierno han viajado por sopresa a Bélgica, con el objetivo, según ha explicado el presidente, de “trabajar con seguridad y libertad”, después de que la Fiscalía acusara al Gobierno catalán y a la Mesa del Parlamento de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

La asunción del control de la Generalitat se ha producido sin mayores obstáculos, bajo la coordinación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una intervención que ha supuesto el cese de unos 150 cargos autonómicos. Sáenz de Santamaría asume las funciones de Puigdemont y los ministros las de los respectivos departamentos autonómicos.

La hipótesis de que se produjera una desobediencia masiva por parte de los funcionarios no se ha visto correspondida por la realidad hasta ahora. Especial trascendencia tiene el funcionamiento de los Mossos D’Esquadra, la policía autonómica catalana, que ahora queda a las órdenes del Ministerio del Interior.

El pasado 28 de octubre el Gobierno cesó al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, relevado por el número dos del cuerpo, Ferran López. Trapero acató su cese y pidió a los mossos que sean leales a sus nuevos mandos.

Fuera de la intervención gubernamental ha quedado finalmente la televisión autonómica catalana, TV3, desde la que el pasado sábado Puigdemont difundió una declaración institucional en la que no se dio por cesado como presidente de la Generalitat. El Gobierno central trasladó una queja al canal porque en la emisión se rotuló a Puigdemont como presidente de la Generalitat pese a que ya había sido cesado.

La actuación limitada y medida del Gobierno se encamina a subrayar la idea de que con la aplicación del artículo 155 no se persigue intervenir la autonomía de Cataluña, sino solo restaurar la ley y garantizar su cumplimiento hasta que, en el plazo más breve posible, sea elegido un nuevo gobierno autonómico.

Existían dudas sobre la respuesta a los comicios autonómicos de las fuerzas independentistas, que han expresado su rechazo a una convocatoria electoral “ilegítima” hecha desde Madrid y tras ser cesado el Gobierno catalán e intervenida la administración regional.

Sin embargo, las dudas se disiparon en apenas unas horas y tanto el PDeCAT, heredero de la antigua Convergencia, como su socio de gobierno, la izquierda republicana de ERC, ya han anunciado que concurrirán a las urnas. En el caso de ERC la incertidumbre era aún mayor, puesto que el pasado jueves se opusieron frontalmente cuando el presidente catalán, Carles Puigdemont, barajaba la convocatoria de elecciones, que de haberse producido podría haber frenado el 155.

El propio Puigdemont ha asegurado que se toma las elecciones “como un reto democrático”, al tiempo que se preguntaba si el Estado español respetará los resultados “sean los que sean”.

Ahora, el interrogante es si los independentistas volverán a reeditar su coalición electoral de 2015, Junts pel Sí, y cuál será la decisión de la formación radical y antisistema CUP, cuyos votos han condicionado el proceso secesionista y que no ha cerrado la puerta a presentarse a los comicios de diciembre.

Tras semanas de tensión creciente, culminadas en la jornada del pasado 27 de octubre, la presión parece haberse aliviado y el foco del conflicto apunta en otra dirección. Si el viernes Cataluña se acostó sumida en la incertidumbre por el previsible choque entre la declaración de independencia y la intervención del Estado para impedirla, el sábado se levantó en campaña electoral. EFE

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