La inmigración, arma arrojadiza de la confrontación política

En solo siete meses 2018 se ha situado ya como el segundo año con más entradas de inmigrantes irregulares por las costas españolas desde que hay datos, lo que ha motivado la petición de ayuda del Gobierno español a las autoridades europeas y ha convertido a la inmigración ilegal en arma arrojadiza del debate político.
Llegada al puerto de Tarifa (Cádiz) de una patera con inmigrantes. EFE/ArchivoLlegada al puerto de Tarifa (Cádiz) de una patera con inmigrantes. EFE/Archivo

Carlos Moral

Los datos reflejan que el incremento de la inmigración ilegal ya se disparó en 2017 y en la primera mitad de 2018, todavía con Gobierno del PP, lo que ha dado pie a los socialistas para responsabilizar al anterior Ejecutivo por no adoptar las medidas adecuadas.

Sin embargo, tanto los populares como Ciudadanos consideran que hay una relación directa entre la política emprendida por Sánchez y las llegadas masivas.

Las Cifras

Entre el 1 enero y el 29 de julio han llegado a España 22.858 inmigrantes irregulares, 750 más que en todo el año pasado, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Son cifras, tanto las de 2018 como las de 2017, que en la serie histórica, que comienza en 1999, solo se superaron en 2006, cuando se contabilizaron 39.180.

Aquel año, la mayoría de los que llegaron a España por mar lo hicieron en cayucos que arribaban a Canarias (31.678), tendencia que se mantuvo hasta 2008. Desde entonces, la mayoría entran por las costas del sur peninsular, particularmente las de Cádiz.

Después del pico de 2006, las medidas adoptadas, que incluían la colaboración con los países de origen y los de tránsito, contuvieron el flujo -18.057 en 2013, 12.424 en 2008-. En los años posteriores, ya en plena crisis económica en España, las llegadas cayeron hasta marcar su mínimo en 2013 (3.237) y, desde ahí, iniciaron un incremento sostenido que se ha disparado en los dos últimos años.

A los inmigrantes que llegan en embarcaciones precarias por la costa hay que sumar los que entran en España por tierra en Ceuta y Melilla, más de 6.000 en los dos últimos años y 3.125 hasta el 25 de julio de 2018.

Mientras en España crece el número de inmigrantes ilegales, en la Unión Europea cae: en 2017 se contabilizaron 204.700, la cifra más baja registrada en los últimos cuatro años, según la agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), que confirma que la tendencia se ha intensificado en 2018.

De las cuatro rutas empleadas por la inmigración ilegal, solo crece la del Mediterráneo Occidental -la que conduce a España- mientras el flujo se reduce en las de los Balcanes Occidentales, Mediterráneo Oriental (con destino en Grecia) y, en menor medida, en la del Mediterráneo Central (Italia).

Las previsiones apuntan a que el incremento de la inmigración ilegal en España puede seguir creciendo: el director de Frontex, Fabrice Leggeri, subrayó recientemente que España, por su ubicación geográfica, puede convertirse en la nueva ruta principal desde África a Europa.

Los CIEs

Muchos de los inmigrantes que entran de formar irregular ingresan en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), donde pueden permanecer un máximo de 60 días mientras se tramita su expediente de expulsión.

A lo largo de 2017, un total de 8.814 personas fueron internadas en los siete CIEs que hay en España y en las instalaciones de la cárcel de Archidona (Málaga), que se habilitó para este fin, de las cuales 7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas.

Del total de internados, el 37,29 % fueron expulsados o repatriados a su país de origen, mientras que el resto quedaron en libertad, según el informe que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, entregó al Congreso y al Senado el pasado lunes.

El Defensor del Pueblo denuncia que los CIEs se utilizan como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas y recuerda que la ley los diseñó como establecimientos destinados a garantizar la repatriación de las personas internadas en ellos.

Ante el aumento de la llegada de inmigrantes en las últimas semanas, el Gobierno ha puesto en marcha un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en el puerto de Campamento, en San Roque (Cádiz). El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subraya que no existe colapso en el sistema de salvamento y acogida de inmigrantes.

La posición del Gobierno

Desde su llegada al Palacio de la Moncloa hace dos meses, el socialista Pedro Sánchez ha convertido el asunto de la inmigración en uno de los ejes de su acción política.

Sánchez se estrenó acogiendo en España a los inmigrantes del buque Aquarius, a los que Italia y Malta no habían dejado desembarcar en sus puertos. La decisión fue aplaudida por sus colegas de otros gobiernos europeos, pero desató críticas entre sus adversarios políticos en España.

Los flujos migratorios son “un problema de Europa, que necesita una solución europea”. Esas palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, resumen la postura del Gobierno ante las llegadas masivas de las últimas semanas.

Ayuda económica para gestionar la acogida de los inmigrantes que arriban a España, acuerdos con los países de origen y de tránsito de la inmigración, con especial atención a Marruecos, y solidaridad entre los Gobiernos europeos son las líneas principales marcadas por el Ejecutivo de Sánchez, que ha anunciado su voluntad de retirar las concertinas -alambre de cuchillas- de las vallas de Ceuta y Melilla.

La administración española ha desplegado una intensa actividad diplomática para asegurarse la colaboración de Marruecos, Argelia y Mauritania, decisiva a la hora de abordar el problema, e insiste a las autoridades europeas en la necesidad de destinar ayudas económicas para Marruecos, el país del que parten la mayor parte de los indocumentados que llegan a España.

El 2 de julio, después de la cumbre de líderes europeos sobre inmigración, la Comisión Europea aprobó 25,6 millones de euros para la gestión urgente de la inmigración en España, y ayudas adicionales han sido propuestas. Por su parte, el Gobierno español destinará 30 millones de euros hasta final de año para reforzar la acogida de inmigrantes.

Además, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró el pasado miércoles que la Comisión Europea “ha desbloqueado” más de 55 millones de euros del Fondo Fiduciario de la UE para el norte de África, la mitad de los cuales se destinará a “paliar las circunstancias que se está produciendo en Marruecos”.

La confrontación política

Más de una década después, la inmigración ha vuelto al centro del debate político y se ha convertido en asunto de confrontación durante las últimas semanas.

Apenas unos días después de llegar Pedro Sánchez al Gobierno, ya afloraron las primeras discrepancias a propósito del “Aquarius”: si Sánchez exhibió la acogida a los refugiados como carta de presentación de su política, Ciudadadanos y el PP vieron en la decisión un deseo del presidente de buscar “la foto” que además podía alentar la inmigración -“efecto llamada”-.

Desde entonces, la creciente llegada de indocumentados a las costas españolas ha aumentado el cruce de declaraciones desde los dos lados. Mientras para los populares y para Ciudadanos la política del Gobierno respecto al asunto es “buenista” e “irresponsable”, los socialistas opinan que la postura del nuevo líder popular, Pablo Casado, linda con la xenofobia y responsabilizan al anterior Gobierno del PP de inacción.

Sánchez ha expresado su voluntad de situar la inmigración como asunto de estado y sacarla del debate partidario pero, como se ha demostrado en otros países europeos, se trata de un tema que puede reportar dividendos electorales, por lo que difícilmente quedará al margen de la disputa política.

Tanto Casado como Rivera han visitado en los últimos días la frontera que separa España de Marruecos en Ceuta, escenario la semana pasada de una entrada masiva de inmigrantes por tierra, en lo que supone un claro indicativo de la importancia que ambos partidos conceden al asunto a la hora de hacer oposición.

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