La Generalitat pisa el acelerador sobre el referéndum independentista

Los movimientos del gobierno catalán se aceleran cuando queda poco más de dos meses para el 1 de octubre, fecha en la que la Generalitat ha anunciado que celebrará una consulta sobre la independencia no pactada con el Estado.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (2d), y la consellera de Presidencia, Neus Munté (d), durante una reunión de la comisión de seEl vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (2d), y la consellera de Presidencia, Neus Munté (d), durante una reunión de la comisión de seguimiento de reactivación económica. EFE/Marta Pérez

 

Marta Vergoñós

En menos de quince días, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha cesado a cuatro de sus trece consejeros por sus dudas acerca de la celebración de la votación, y también ha cambiado al secretario del gobierno. Todos ellos tienen un punto común: forman parte del sector más moderado del PDeCAT, la antigua Convergència, que fue el partido hegemónico en la comunidad durante tres décadas. Han quedado al margen de la reestructuración gubernamental todos los consejeros de ERC, el partido que ahora mismo lidera las encuestas electorales en la región, clave para el desarrollo económico de España.

El primero en salir del Ejecutivo fue el titular de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que fue fulminado tras cuestionar que en otoño se fuera a realizar un ‘referendo’ vinculante, y después le siguieron la portavoz y responsable de presidencia, Neus Munté, y los consejeros de Enseñanza e Interior, MeritxellRuiz y JordiJané. Les han sustituido, por este orden, Jordi Turull, Clara Ponsatí y Joaquim Forn. Porsu parte, Víctor Cullell es el nuevo secretario en sustitución de Joan Vidal.

Es especialmente relevante el cambio al frente de Interior, ya que de este departamento depende la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, que están en el punto de mira desde que el gobierno de Puigdemont anunció que tiraría adelante con la organización de la consulta aunque las autoridades judiciales ordenaran frenarla por ser contraria a la legalidad vigente.

El relevado titular de Interior se había mostrado siempre dialogante con el gobierno español y había defendido la neutralidad de la policía autonómica porque su papel es, en palabras suyas, “cumplir y hacer cumplir la Ley”. Sin embargo, Forn, independentista “de piedra picada”, ha roto con el talante conciliador de su predecesor, Jané, que mantenía una buena relación con el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. En una de sus primeras intervenciones tras asumir el cargo, aseguró de que los Mossos d’Esquadra “facilitarían” la votación pasara lo que pasara.

El cambio en la punta de la pirámide de Interior ha provocado rechazo entre algunos altos cargos del departamento.

El caso más notorio ha sido el del director de la policía catalana, Albert Batlle, que renunció tras reunirse con Forn y aseguró en una misiva a los agentes que se trataba de una “dimisión política”.También dejó su cargo el responsable de Emergencias 112, FedericAdán, y otros podrían seguir la misma senda.

El nuevo director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, en la misma línea de lo sucedido en Interior, es un independentista de toda la vida, que también había sido responsable de las prisiones catalanas. A su nombramiento le siguió la primera polémica, ya que usuarios de las redes sociales se encargaron de sacar a la luz varios mensajes en los que Soler increpaba a los partidos políticos contrarios a la independencia o de la oposición, e incluso uno en el que aseguraba que todos los españoles “dan pena”.

La llegada del nuevo director ha inquietado a los sindicatos policiales, que han pedido quedar al margen de la pugna política y han recordado que su papel es proteger a todos los catalanes y hacer cumplir la legalidad vigente.

Opacidad sobre la compra de urnas. Los cambios en el gobierno de la Generalitat se han producido mientras el Gobierno central, con recursos ante el Tribunal Constitucional, y la Fiscalía, con acciones en los juzgados ordinarios y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, continúan con el marcaje constante a todos los movimientos del ejecutivo de Carles Puigdemont.

Uno de los focos de conflicto desde hace semanas está en la compra de las 8.000 urnas necesarias para celebrar la consulta anunciada para el 1 de octubre. En mayo, el gobierno autonómico convocó un concurso para la compra de las mencionadas urnas, pero éste quedó desierto porque las empresas que se presentaban no cumplían los requisitos. En paralelo, la Fiscalía se querelló contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haber abierto este proceso de compra.

Estos hechos han supuesto un doble quebradero de cabeza para el gobierno independentista: por un lado, está la complejidad de organizar una licitación pública en tiempo récord y sin garantías de hallar un candidato idóneo, y por otro, porque quién asuma la compra corre el riesgo de ser inhabilitado porque el Gobierno español ya ha avisado de que perseguirá todos los movimientos que se enmarquen dentro de la celebración de un ‘referendo’ ilegal.

En este contexto, la Generalitat ha optado por la opacidad acerca de cómo van a conseguir las 8.000 urnas necesarias antes de la fecha de la votación. Afirman que la adquisición será legal y que no recaerá en ningún miembro del gobierno catalán,sino que se hará de forma colectiva, pero no dan ningún detalle de cómo tienen previsto ejecutar esta misión.

El único nombre que sobresale por el momento es el del líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha asumido la tarea de coordinar la consulta pese a que esto supone poner en peligro su patrimonio personal. EFE

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