La Fiscalía denuncia a Dancausa por delito societario en Mercamadrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario. Fuentes de la Fiscalía han confirmado la presentación de dicha denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra las dieciséis personas que formaban parte del Consejo de esa empresa pública en 2013.
La delegada del Gobierno Concepción Dancausa. EFE/ARCHIVOLa delegada del Gobierno Concepción Dancausa. EFE/ARCHIVO

En un comunicado, Dancausa niega estar encausada y recalca que la Fiscalía se ha limitado a trasladar la información “para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid”.

“Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero no la comparto en absoluto. No obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor”, afirma Dancausa.

Defiende que el origen de la operación “se remonta a 2001”, y que las actuaciones a las que se refiere “contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables, y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración”.

“Con los informes favorables del secretario general del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción, por la cual unas naves construidas por Mercaocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos, pasaron a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa”, explica.

Según su relato, el destino final de esta operación “era que Mercasa pudiera utilizar las naves para su proyecto Mercaorigen”, operación con la que se eliminaba “el riesgo de las demandas pendientes por importe de 8 millones de euros”; se le daba un uso económico a unas naves que ya existían; y se dotaba a Mercamadrid de un nuevo factor de competitividad “con unos precios adecuados al mercado”.

“Las auditorías realizadas, tanto la externa, como las internas realizadas por la Intervención General del Ayuntamiento, no pusieron ningún reparo a la operación”, recuerda.

Pero posteriormente a la aprobación de la operación (16 de octubre de 2013) y de la firma del contrato (28 de noviembre de ese mismo año), en la Comisión Ejecutiva de 5 de diciembre de 2013 “Mercasa plantea, sorpresivamente, que para que su inversión fuera rentable la concesión del Ayuntamiento a Mercamadrid debería extenderse más allá de la fecha establecida, que era enero de 2032”.

“Desde aquel momento, el empeño de la Presidencia de Mercamadrid fue buscar soluciones para dar viabilidad a la condición planteada por Mercasa. Teniendo en cuenta que esta cuestión debía ser sometida a la aprobación de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, se solicitó a Mercasa acreditación documental de los motivos por los cuales necesitaba ampliar el plazo de concesión para que la operación fuera viable”, agrega Dancausa.

Y por ese motivo, se solicitó un Plan de Negocio y Viabilidad, “que no llegó hasta febrero de 2015”, documentación que “se encontraba en estudio cuando, dos meses después, cesé en mi cargo en el Ayuntamiento”.EFE/DOC