Esperada ley antidiscriminación centrará informe DDHH de Paraguay ante ONU

Paraguay comparece por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos de la ONU con el compromiso de adoptar una asignatura que es reclamada tanto por el organismo internacional como por grupos de la sociedad civil: el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
Asunción (Paraguay) 30/11/2015.- El presidente del Instituto del Indígena de Paraguay, Aldo Zaldivar (c), es recibido por líderes indígenas en AsuAsunción (Paraguay) 30/11/2015.- El presidente del Instituto del Indígena de Paraguay, Aldo Zaldivar (c), es recibido por líderes indígenas en Asuncion (Paraguay). Un millar de personas del pueblo guaraní, que lleva un mes protestando en Asunción, celebró hoy el nombramiento del nuevo titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Aldo Zaldívar, tras la destitución fulminante de Jorge Servín por agredir a una de las manifestantes de esas comunidades. EFE/Santi Carneri

María Sanz .- 
Ese compromiso encabeza un listado de doce promesas que serán presentadas el próximo 20 de enero ante las Naciones Unidas en el segundo ciclo del EPU sobre Derechos Humanos al que se someterá el país sudamericano.

Paraguay pretende así superar el lastre de ser uno de los pocos países de la región que carece de leyes contra la discriminación, y atender una de las 124 recomendaciones que los países de la ONU formularon en 2011 en la presentación de su primer EPU.

Sin embargo, no parece una cuestión fácil de zanjar, ya que se trata de una iniciativa que fue vetada en 2014 en el Senado paraguayo.
El proyecto entendía como «discriminación» toda exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual o posición económica, entre otras categorías.

Los senadores del gobernante Partido Colorado votaron en contra de la norma argumentando que las personas discriminadas por su orientación sexual podrían ampararse en esta normativa.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya y otras organizaciones conservadoras expresaron su rechazo porque temían que la aprobación de la ley abriese la puerta a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a que el texto legislativo no mencionaba este supuesto.

Tras el veto del Senado, la necesidad de la ley fue puesta sobre la mesa en 2015 por dos enviados de la ONU al país: la relatora sobre personas con discapacidad, Catalina Devandas, que visitó Paraguay en noviembre, y el relator sobre el derecho a la salud, Dainius Puras, que lo hizo en octubre.
Devandas alertó en noviembre de la ausencia de infraestructuras accesibles para todos y de las barreras a la participación política o el acceso al empleo que enfrentan las personas con discapacidad en Paraguay.

En ese sentido, Paraguay parece haber tomado nota de los reclamos con vistas al EPU asumiendo el compromiso de aprobar un plan de acción y de crear un mecanismo independiente que vele por el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). 

Por su parte, Puras se había referido en octubre a la modificación de las normas sobre salud sexual y reproductiva, con especial atención a la despenalización del aborto en casos de abuso sexual e incesto. 

Atendiendo a este reclamo, Paraguay afirmó que impulsará la aprobación de una ley sobre salud sexual y reproductiva, y sumará otra iniciativa a la protección de los derechos femeninos: la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre.
En esta línea, se comprometió a promulgar la ley de protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, que concede un permiso de 18 semanas de baja maternal y que fue aprobada en octubre de 2015, pese a la oposición del sector empresarial.

Además, Paraguay dotará de presupuesto al programa nacional de prevención, combate y atención a víctimas de la trata de personas, delito que supone el tercer negocio más lucrativo del mundo.
Los pueblos indígenas centran otro de los compromisos en materia de Derechos Humanos de Paraguay, con la aprobación de un protocolo de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las asambleas comunitarias indígenas para incluirlas en cualquier toma de decisiones que pueda afectar a sus derechos e intereses.

Paraguay arrastra este reclamo desde el EPU de 2011, cuando varios países le instaron a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos naturales, así como a eliminar las desigualdades socioeconómicas que afectan a los nativos, el 75% de los cuales vive en la extrema pobreza. 

El país acude a la cita del 20 de enero en Ginebra con algunos deberes hechos con respecto a su último EPU, como la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se puso en marcha en 2011.

Pese aún tiene en la lista de tareas pendientes recomendaciones internacionales como el aumento de participación de las mujeres en cargos políticos, y por supuesto la implementación de la ley contra la discriminación que rechazó el Senado. 

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