La deuda, cuestión de Estado en Argentina frente al fantasma de la quiebra

El fantasma de la quiebra que amenaza a Argentina en estos días ha convertido el tratamiento de la deuda en una "cuestión de Estado" y, por una vez, Gobierno y oposición parecen coincidir en la necesidad de cerrar filas para defender conjuntamente los intereses del país.
La presidenta de Argentina Cristina Fernández en un acto en la Casa Rosada (Buenos Aires).EFE/Archivo/Carlos Brigo
La presidenta de Argentina Cristina Fernández en un acto en la Casa Rosada (Buenos Aires).EFE/Archivo/Carlos Brigo

Mar Marín

 Acorralada por una decisión judicial sin precedentes, Buenos Aires ha optado por una de las pocas alternativas que le quedan para cumplir con sus compromisos financieros sin caer en suspensión de pagos: ofrecer a sus acreedores cobrar en Argentina en vez de hacerlo en Estados Unidos, donde sus cuentas podrían ser embargadas.

Además, Buenos Aires pretende dialogar con el juez que falló a favor de los fondos especulativos que amenazan la economía del país. El fallo del Tribunal Supremo estadounidense que el pasado lunes dio la razón a los fondos que reclaman a Argentina el pago de una deuda 1.300 millones de dólares, abre la puerta al bloqueo de sus activos internacionales. 

El problema se originó con la suspensión de pagos de 2001, que derivó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 en los que entraron la mayoría de los tenedores de deuda argentina, con quitas importantes sobre las cantidades originales.

Un porcentaje residual no accedió a los canjes y una parte vendió sus bonos a los fondos que llevaron a juicio a Argentina para cobrar una deuda que, con intereses, asciende a 1.500 millones de dólares y que puede multiplicarse porque abre la vía a nuevas reclamaciones.

Como ha admitido el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, el pago a estos fondos derivaría en una quiebra del país porque los acreedores que no aceptaron los canjes (un 7% del total) podrían demandar 15.000 millones de dólares, la mitad de las reservas monetarias de Argentina.

Además, los inversores que sí aceptaron los canjes tendrían derecho a reclamar el capital original, sin las quitas pactadas, más los intereses, suma que ascendería a unos 120.000 millones de dólares.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que había hecho sus deberes para acceder a financiación internacional tras el pago a Repsol por la expropiación de la petrolera YPF y el reciente acuerdo alcanzado con el Club de París.

Fernández, en todo caso, ha confesado que esperaba este golpe y ha advertido que, una cosa es negociar y otra dejarse extorsionar. Como Fernández y sus ministros se han encargado de subrayar, la deuda no es un tema de su Gobierno sino un lastre heredado que, además, quedará como legado para el próximo equipo.

La presidenta fue la primera en dar un paso al frente para ofrecer una imagen de unidad en el proceso y, hace unas semanas, el oficialismo invitó a la oposición a viajar a Nueva York para defender los intereses nacionales en el Tribunal Supremo estadounidense.

Por eso, tras las primeras críticas al Ejecutivo, en las filas opositoras se han impuesto los llamamientos a la calma, el diálogo y la negociación. Conscientes de la dimensión de un problema que alguno de ellos quizá herede, los “presidenciables” fueron los primeros en apoyar la colaboración con el Ejecutivo. 

Con una oposición debilitada y una tradición de política partidista sobre una visión de Estado a largo plazo, abundan los escépticos sobre el éxito de esta estrategia.

De momento, el equipo económico de la presidenta va a exponer sus planes a los jefes de los bloques opositores.
Por si acaso, Kicillof ya ha adelantado: “Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad, que se ha tomado todas las medidas para impedir que esté en riego la reconstrucción del país”.

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