La CUP amenaza de nuevo el frágil equilibrio de la Generalitat

En vísperas de la votación de los presupuestos la CUP tensa de nuevo su relación con la Generalitat mientras el Gobierno central insiste en el diálogo como receta para superar el conflicto, aunque por ahora no ha comenzado a administrar esta medicina, y asegura que cumplirá la sentencia que prohíbe el referéndum.
La diputada de la CUP, Eulalia Reguant (d), pide la palabra, durante la una sesión ordinaria del pleno del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/QuiqueLa diputada de la CUP, Eulalia Reguant (d), pide la palabra, durante la una sesión ordinaria del pleno del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/Quique García

Carlos Moral 

Aún antes de comenzar, el propio diálogo se ha convertido en materia de debate: si durante años la Generalitat lo ha reclamado con escasa respuesta desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ahora es el presidente catalán, Carles Puigdemont, quien recela de la oferta y demanda diálogo sin condiciones y no una mera operación “de propaganda” del Gobierno central.

El Ejecutivo catalán mantiene inalterable su apuesta por el referéndum en 2017, pese a que el Tribunal Constitucional lo suspendió ayer, y se aplica a cumplir los hitos marcados en su hoja de ruta hacia la independencia, pero su frágil equilibrio pende de las exigencias de la CUP cuyos votos necesita para seguir adelante.

Desde las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, las demandas de la formación antisistema han estado en el centro de la política catalana y han condicionado las decisiones del gobierno de coalición de Junts Pel Sí.

La primera fue la imposición de la retirada de Artur Mas como candidato a presidir la Generalitat y luego llegaron otras, como las planteadas para respaldar los presupuestos de 2016, no aceptadas por Junts Pel Sí y que obligaron a la prórroga de las cuentas del año anterior, lo que llevó a Puigdemont a someterse a una cuestión de confianza en septiembre, en la que sí fue respaldado por la CUP

En la negociación de los presupuestos para 2017 los “cuperos” han conseguido incluir una partida para organizar el referéndum -que podría motivar la denuncia de las cuentas ante el Tribunal Constitucional- y también han visto cumplido su deseo de una cumbre sobre el plebiscito, convocada por Puigdemont para el 23 de diciembre.
Sin embargo, la detención por los Mossos de varios militantes antisistema que habían quemado fotos de Rey, ha reabierto las hostilidades entre la Generalitat y la CUP que pide la dimisión del conseller de Interior, Jordi Jané, a quien culpa de obedecer a la Justicia española.

No es previsible que la disputa impida que las cuentas para 2017 sean aprobadas la próxima semana, pero pone de relieve una vez más la precaria situación del Gobierno catalán y del proyecto independentista, sostenido por una heterogénea y ajustada mayoría que tiene muchas dificultades para entenderse entre sí.

Tampoco es probable que los secesionistas puedan sumar nuevos apoyos a su apuesta por el referéndum, porque el grupo de los comunes -las confluencias de izquierdas que agrupan a Podemos, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de Ada Colau- rechazan la vía unilateral, aunque son partidarios del derecho a decidir e instan al diálogo.
Un diálogo que el Gobierno de Rajoy ha convertido en su nueva estrategia para Cataluña y con el que pretende desactivar el conflicto. Sin embargo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de dirigir las operaciones, no ha pasado por ahora de los gestos -nombramiento de Enric Millo, un delegado del Gobierno catalanista, apertura de oficina propia en Barcelona- y el cambio de tono.

Su primera reunión en Cataluña ha sido con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con el del PSC, Miquel Iceta, los partidos con posturas más próximas a la del PP. La vicepresidenta subraya que PP y PSOE deben ir de la mano a la hora de abordar el diseño institucional de España y admite que en su día fue un error no pactar una postura común sobre el Estatuto catalán.

El primer efecto tangible del cambio de tono ha sido de índole interna: FAES, la fundación que dirige José María Aznar, se ha apresurado a responder que el PP fue excluido de aquella reforma estatutaria por un pacto entre la izquierda y los nacionalistas.

Otra reforma, la constitucional, acapara la atención en el comienzo de la legislatura. El PSOE, partidario de introducir cambios en el texto constitucional en el sentido federal que cree que podrían facilitar el encaje de Cataluña en España, solicita que se cree una subcomisión en el Congreso para debatir la reforma.

El Gobierno no descarta modificaciones, pero Rajoy puntualiza que primero habría que saber qué se quiere reformar y tener “una idea aproximada de cuál es el final” de la subcomisión misma, lo que ha desinflado la expectativa de que la reforma se ponga en marcha con rapidez.

Al cambio de talante que marca la nueva estrategia de Rajoy para Cataluña la Generalitat ha respondido reafirmando su desafío: Puigdemont rechaza participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el 17 de enero –reclama encuentros bilaterales- y ha convocado una cumbre sobre el referéndum para el 23 de diciembre.
Así que aunque en apariencia el escenario está cambiando por ahora no se atisba el desbloqueo del contencioso.EFE/DOC

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