La corrupción en América Latina

Recientes estudios sobre la corrupción en la región latinoamericana, que aparece en promedio con un puntaje de 32 puntos sobre 100 en el Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (IPC), señalan que América Latina siempre ha padecido, salvo las honrosas excepciones de Uruguay, Chile y Costa Rica, de una corrupción endémica.
José Ugaz, jurista y expresidente de Transparencia Internacional.José Ugaz, jurista y expresidente de Transparencia Internacional.

José Ugaz. Jurista peruano, expresidente de Transparencia Internacional y exprocurador Ad-Hoc de la Nación en el caso Fujimori-Montesinos

 

No estamos frente a un fenómeno episódico, sino a un problema de carácter histórico, estructural y sistémico. Ello significa que no se podrá erradicar la corrupción con soluciones coyunturales si es que no se modifican las estructuras.

A este esfuerzo, que pasa por reorganizar profundamente el Estado, hay que agregarle el no poco significativo reto de cambiar una cultura que se ha vuelto tolerante con la corrupción, asumiéndola como parte de la vida cotidiana, y como un mecanismo de movilidad y ascenso social, cuando no un medio de subsistencia, sobre todo entre los más pobres.

La “normalización de la corrupción” genera anomia social frente a la problemática que ésta produce, y en muchos casos es una explicación de por qué no hay explosiones sociales más frecuentes y sostenidas frente a los recurrentes escándalos que remecen a nuestros países.

Esta convivencia con la corrupción, incorporada como parte del diario vivir, promueve actitudes como el “roba pero hace”, y contribuye al fortalecimiento de una mezcla de cinismo y frustración, que determina una resignación fatalista frente a tan grave problema social.

En los países subdesarrollados, la corrupción tiene un efecto pernicioso: profundiza la pobreza, impide el desarrollo y afecta la gobernabilidad. En última instancia, es un impuesto que pagan los más pobres de la sociedad.

Estas consecuencias negativas son más visibles y devastadoras cuando se trata de casos de lo que hoy, en la terminología de Transparencia Internacional, se denomina “Gran Corrupción”, aquella que es cometida por autores con gran poder (político y/o económico), que moviliza ingentes cantidades de recursos y tiene un impacto severo en los derechos fundamentales.

Un típico ejemplo de gran corrupción fue el llamado “caso Fujimori-Montesinos”, en el que una red corrupta capturó literalmente el Estado peruano y lo puso al servicio de sus intereses criminales durante una década.

Durante ese período, se saquearon los recursos públicos (no hay una cifra exacta, pero los cálculos más conservadores señalan un desvío de fondos que supera los US$ 600 millones de dólares). Con este dinero bien aplicado, decenas de miles de peruanos pudieron haber salido de la pobreza extrema y muchos de los problemas sociales básicos en educación, salubridad y nutrición pudieron haberse resuelto.

Sin embargo, las consecuencias inmateriales han sido tan o más graves que las materiales. Pasados más de 17 años de la caída del régimen fujimorista, instituciones públicas clave, aún no se recuperan del impacto negativo. La debilidad y disfuncionalidad de la policía, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el sistema educativo o de salud pública, los gobiernos locales y regionales, entre otros, es evidente, hasta el punto de que pese al tiempo transcurrido el Perú se debate aún en medio de una corrupción extendida.

A nivel regional, probablemente el caso que más ha impactado a nuestros países en su conjunto es el llamado “Lava Jato”. Una sofisticada trama corrupta que, partiendo de Brasil, ha tenido consecuencias devastadoras en 12 países de América Latina y dos de África.

Prácticas colusivas entre las empresas constructoras más grandes de Brasil (que incluye a todas las empresas emblemáticas) y servidores públicos de muy alto nivel, generaron pagos de sobornos sistemáticos a funcionarios y políticos, así como el financiamiento de campañas políticas, a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura que luego serían extremadamente sobrevaluadas.

El esquema fue exportado a la mayoría de los países de la región con las mismas características: pagos de sobornos y financiamiento de campañas y movilización de cientos de millones de dólares a través de esquemas sofisticados (en el caso de Odebrecht, la empresa más destacada, usando tres capas de empresas offshore, implementando un departamento de administración de sobornos y comprando la sucursal de un banco).

Como consecuencia de este caso, están presos y/o investigados varios ex presidentes, vicepresidentes, ministros, altos funcionarios y empresarios emblemáticos de Latinoamérica. Decenas de miles de personas se han quedado sin trabajo, y miles de millones de dólares han sido desviados para el beneficio de los corruptos. Se ha creado una crisis económica, política y social sin precedentes.

Contradictoriamente, esta grave situación, abre una ventana de oportunidad única para realizar los cambios estructurales y culturales necesarios que permitan salir del profundo hoyo de corrupción en el que nos encontramos. Todo indica que es el momento para plantear nuevas reglas de financiamiento de la política, compras e inversiones públicas, transparencia en los procesos de toma de decisión y control de la función pública.

Es la oportunidad para emprender las grandes reformas políticas pendientes y generar desde el sector privado un nuevo modelo de hacer negocios con integridad. En cuanto a la crisis de representación que afecta a nuestros países, es el momento de acometer una toma de conciencia ciudadana para entender el valor del voto al momento de elegir a los líderes políticos y comprender que es posible y deseable vivir en un entorno sin corrupción.

Ojalá no dejemos pasar esta oportunidad.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.