La corrupción acorrala al PP de Madrid

Los esfuerzos del PP por presentar la corrupción como un capítulo pasado y cerrado de su historia han chocado en los últimos días con la realidad de nuevas actuaciones judiciales que sitúan a los populares en el centro de la polémica.
 La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre (c), conversa con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (i), durante la reunión de la La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre (c), conversa con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (i), durante la reunión de la Junta Directiva del PP regional, en enero de 2016. EFE/Archivo/Emilio Naranjo

Carlos Moral

Si hace un par de semanas el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dejó su cargo después de que la Audiencia Nacional confirmara que se le investiga por varios delitos en el marco del caso Púnica, este miércoles se desató una nueva tormenta sobre el PP de Madrid por la gestión del Canal de Isabel II, un día después de que los tribunales llamaran al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo en el caso Gúrtel.

El escándalo relativo a la empresa pública que se encarga de la gestión del agua en Madrid, y también en algunas ciudades de Latinoamérica, se ha saldado por ahora con la detención de doce personas, entre ellas el expresidente regional Ignacio González, y se suma al rosario de casos que afectan a los populares en esta comunidad, como Gürtel, Bankia o Púnica.

La primera consecuencia para los populares es que la corrupción que afecta al partido copa de nuevo la actualidad informativa, cuando la mejoría económica y la crisis del PSOE ofrecían un escenario confortable al Gobierno y parecían haber hecho caer en el olvido la sombra de los escándalos.

Amén de los hipotéticos costes electorales, las actuaciones judiciales pueden hacer sentir sus efectos en el partido y también en el Gobierno y el Consistorio madrileños. La principal damnificada parece Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) y líder del PP de Madrid hasta 2016.

Aunque no está imputada en ningún caso, su posición como líder popular en el Ayuntamiento de la capital se torna muy complicada, toda vez que Ignacio González y Francisco Granados, sus dos principales cargos de confianza cuando estaba al frente de la comunidad y del partido, están en la cárcel.

De momento, Aguirre se declara “conmocionada” por la detención de González e indica que necesita “más información” para plantearse si debe dimitir de sus cargos. Las manifestaciones las hizo momentos antes de declarar como testigo en el caso Gürtel, en el que se juzga una red corrupta ligada a cargos del PP.

En el mismo juicio comparecerá también Mariano Rajoy, una decisión de la Audiencia Nacional que ha sido contestada por el PP, que ve con desazón la imagen del presidente del Gobierno declarando ante un tribunal por un caso de corrupción, por más que sea en calidad de testigo.

Una fotografía que no conviene ni a la proyección internacional del Gobierno ni al futuro electoral del partido.
De momento, Ciudadanos descarta que vaya a retirar su apoyo al Gobierno regional que preside la popular Cristina Cifuentes, pero su líder, Albert Rivera, afirma que el PP madrileño “está en descomposición” y Podemos ha invitado al partido naranja y a los socialistas a presentar una moción de censura.

La actuación judicial relativa al Canal de Isabel II tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015, que se judicializó en junio de 2016, cuando la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del ministerio público algunas irregularidades en la empresa, entre ellas la adquisición de la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

Cifuentes, que ha declarado por escrito como testigo en relación con el caso, subraya que una denuncia de su Gobierno puso en marcha las diligencias. Sin embargo, la oposición recuerda que estuvo en la dirección popular y en la del Canal de Isabel II durante los años que ahora se investigan.

Entre los imputados en la denominada “operación Lezo” están el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, quienes supuestamente presionaron a Cifuentes para que no denunciara las irregularidades en Canal que implicaban al consejero delgado de la editora del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable de la filial de Canal en Latinoamérica que fue cesado por la presidenta regional.

Cifuentes, elegida hace unas semanas líder del PP madrileño, proyecta una imagen asociada a la renovación y a la lucha contra la corrupción que podría verse reforzada si se confirma que no cedió a la presión y que puso en marcha las investigaciones, aunque todo dependerá del desenlace y las derivaciones del caso. EFE

 

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Publicado en: Análisis