La Constitución española de 1978 fue aprobada con 15,7 millones de votos favorables

El 6 de diciembre de 1978, hace cuarenta años, los españoles dijeron "sí", con 15,7 millones de votos favorables, a un texto de 17.376 palabras y 169 artículos: son algunas cifras de la Constitución, que acumula cuatro décadas en vigor como la ley fundamental de la democracia española. Es la séptima carta magna de la historia de España (la primera fue "La Pepa", de 1812) y la segunda más longeva después de la de 1876 (época de la Restauración), que duró 47 años hasta la dictadura de Primo de Rivera.
Vista de la muestra fotográfica '40 años de la Constitución española', instalada en el corazón de Logroño hasta el próximo 28 de diciembre. EFEVista de la muestra fotográfica "40 años de la Constitución española", instalada en el corazón de Logroño hasta el próximo 28 de diciembre. EFE/Archivo

 

 

La Constitución española fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo español, el 6 de diciembre del mismo año. Es el texto constitucional progresista de más larga duración en la historia de España, ya que las Constituciones de 1837 y 1931 tuvieron ocho años de vida cada una. Las calificadas como conservadoras han tenido más larga duración; la de 1876, artífice de la Restauración, pervivió durante 47 años y la de 1845 estuvo vigente durante 24.

La primera Carta Magna data de 1812 y, al igual que la actual, su función primordial fue la de modernizar la vida española. No obstante, en 1978 se plantearon tres nuevos objetivos fundamentales: -La consagración de la tolerancia, con el arraigo de instituciones y hábitos de respeto mutuo y pluralismo.

-Resolver la reforma política del Estado, con la pacificación de la polémica de los últimos dos siglos entre Monarquía ó República.
-Solución del problema de la organización territorial del Estado, con la construcción del Estado de las Autonomías.

Esta Constitución se define como de corte liberal avanzado, con una amplia referencia a los derechos individuales y el reconocimiento de las autonomías y regiones.

Asimismo se encuadra en el capítulo de las Constituciones pactadas.

 

ANTECEDENTES
La primera incursión en el constitucionalismo en España tuvo lugar con la creación del Estatuto de Bayona en 1808. Su autoría oficial se debió a Napoleón y José Bonaparte y era de carácter conservador. Regulaba los siguientes derechos y libertades: imprenta, Habeas corpus, inviolabilidad del domicilio y abolición del tormento. Los historiadores no se han puesto de acuerdo respecto a su período de vigencia.

No obstante, la verdadera Carta Magna del liberalismo español es la Constitución de 1812, “La Pepa”, que tuvo una duración de seis años. Reconocía la Soberanía Nacional, representada en Cortes unicamerales y establecía la Monarquía Constitucional y la separación de poderes. Los derechos y libertades que garantizaba eran los de imprenta, pensamiento, Habeas corpus, inviolabilidad del domicilio y protección a la propiedad.

Tuvo una vigencia muy accidentada, primero del 19 de marzo al 4 de mayo de 1812, y en los períodos comprendidos entre 1820-23 y 1836-37. No obstante, su influencia fue notable en las constituciones de los países iberoamericanos.

La segunda gran Constitución de carácter liberal fue la de 1837, vigente desde el 18 de junio de ese año hasta 23 mayo de 1845. Regulaba los derechos y libertades siguientes: expresión, Habeas corpus, individualidad del domicilio, protección a la propiedad, petición a Cortes o Rey y jurado en delitos de imprenta.

La primera Constitución conservadora, si exceptuamos el Estatuto Real de 1834 (que duró tres años pero en el que no se regulaban los derechos y las libertades), fue la de 1845, vigente durante 24 años. En ella se protegían y garantizaban los derechos y libertades siguientes: expresión, Habeas corpus, inviolabilidad del domicilio y la protección a la propiedad con limitaciones.

En el proyecto constitucional de 1852, se contemplaban: el Habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de residencia, aunque no se reconocían las libertades y derechos políticos. En 1856, hubo una constitución nonnata, que regulaba: la expresión, el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, el jurado en delitos de imprenta, y la protección a la propiedad con limitaciones.

En los años siguientes, se sucedieron dos Constituciones progresistas aunque de escasa relevancia histórica. Una fue la de 1869, fruto de la Gloriosa Revolución, que supuso una vuelta a los ideales liberales, y que tuvo una vigencia de cuatro años. Regulaba los siguientes derechos y libertades: expresión, reunión, asociación, seguridad jurídica, Habeas corpus, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de la correspondencia privada.

La otra se creó en 1873, tras la proclamación de la I República, aunque nunca llegó a entrar en vigor, y contemplaba los mismos derechos y libertades que la anterior, añadiendo la protección a los derechos humanos.

La Gran Constitución conservadora de la historia de España fue la de 1876, que pervivió durante 47 años, artífice de la Restauración y de la alternancia de poder. Reconocía todos los derechos y libertades (reunión, imprenta, asociación, sufragio,…), pero las leyes que los regulaban eran restrictivas.

En 1929 hubo un proyecto constitucional que regulaba el derecho a la seguridad jurídica, el Habeas corpus, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, y las libertades de expresión, reunión y asociación.

La Carta Magna de 1931, fue fruto de la proclamación de la II República, vigente hasta el 1 de abril de 1939. Se convirtió en uno de los Textos Constitucionales más avanzados de Europa, junto a la Constitución alemana de Weimar. Reconocía la soberanía nacional y el derecho al voto de la mujer, contenía una detallada garantía de todos los derechos y libertades de la persona, y establecía la posibilidad autonómica.

Regulaba los juicios por juez competente, la libre circulación por el territorio nacional, la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libre profesión, industria y comercio, la petición a poderes públicos y el empleo y cargos públicos.

Durante el franquismo no hubo Constitución que regulara la vida política. En su lugar se establecieron una serie de Leyes Fundamentales (que duraron 37 años), basadas en los Principios del Movimiento Nacional, en vigor hasta la promulgación de la Constitución de 1978, que reconoce todos los derechos y libertades y establece garantías para su cumplimiento.

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprueba en referéndum la Constitución. 15.706.078 votaron a favor (88,54 por ciento), 1.400.505 en contra (7,89 por ciento), 632.902 en blanco y 133.786 papeletas nulas. Se registró una abstención de 8.758.909, que supuso el 32,89 por ciento. 

A continuación, el 27 de diciembre de 1978, el Rey Juan Cárlos promulgó la nueva Constitución al término de la sesión conjunta del Congreso y el Senado, y el día 27, se publicó en el Boletín Oficial del Estado. EFE-doc

 

 

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