BANCA PREFERENTES

Primeras conclusiones de la comisión de seguimiento de las preferentes

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, comparece a petición propia en la Comisión de Economía del Congreso para exponer el informe anual del organismo y las primeras conclusiones de la comisión de seguimiento de las participaciones preferentes.
EFE/Archivo/Lavandeira jr

EFE/Archivo/Lavandeira jr

 

Las participaciones preferentes son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una rentabilidad supeditada a la obtención de beneficios y cuya duración es indefinida, aunque el emisor se suele reservar el derecho de cancelación a partir del quinto año.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las define como valores cuya rentabilidad es variable y no garantizada, por lo que son instrumentos complejos y de riesgo elevado.

Emitidas en un principio por filiales instrumentales radicadas en el extranjero (fundamentalmente paraísos fiscales), a partir de 2003 se comercializaron en territorio español de forma masiva para captar fondos, en muchos casos entre simples ahorradores sin capacidad para discernir los riesgos financieros que llevaban asociados.

Los inversores de estos productos complejos son los últimos en cobrar en caso de quiebra de la entidad, sólo antes de los accionistas.

Durante años la tenencia de preferentes, muchas con vencimiento a perpetuidad, no supuso un problema, ya que cuando el cliente deseaba recuperar su dinero sólo tenía que solicitarlo a su entidad financiera, que vendía el producto a otra persona, normalmente al mismo precio.

Sin embargo, el estallido de la crisis financiera a partir de 2008 vació el mercado de compradores para las preferentes y las escasas operaciones que se realizaban se hacían a un precio muy por debajo del nominal.

Según ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), la plataforma que reúne a 30.000 afectados, más de un millón de familias creyeron estar contratando un producto similar a los depósitos a plazo fijo de los que era posible rescatar el dinero.

Las entidades estaban obligadas a realizar un “test de conveniencia” y un “test de idoneidad” posterior, para garantizar que el inversor minorista comprendía que estaba adquiriendo un producto complejo, de acuerdo con la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID por sus siglas en inglés), adoptada en 2007.

La mayoría de los tenedores de preferentes se han acogido a los canjes que les han ofrecido sus entidades financieras, pero en las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es más complicado, ya que tienen que someterse a las restricciones que impone Bruselas.

Varias entidades financieras han realizado ofertas de canje de preferentes a sus clientes.

Liberbank y Caja España-Duero ofrecieron a los titulares de preferentes cambiar sus títulos por depósitos a plazo fijo, mientras que otros como CajaSur o BMN, ya lo han ejecutado.

El Banco Sabadell ofreció canjear las participaciones preferentes de CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) a cambio de comprar acciones del banco catalán.

El problema de las participaciones preferentes ha llevado incluso a crear una subcomisión en el Congreso.

El Memorando de Entendimiento (MoU) que fija las condiciones para el rescate a la banca española, acordado por los ministros de Finanzas de la zona del euro en julio de 2012, ha forzado la regulación del canje de las preferentes en las entidades intervenidas.

El 31 de agosto de 2012 el Gobierno aprobó una reforma en la que las preferentes podían canjearse por acciones o instrumentos de crédito de la entidad o ser recompradas o amortizadas con antelación.

Todas estas acciones se hacían al precio de mercado más un máximo del 10 %, lo que implicaba importantes pérdidas respecto al valor nominal.

Además, el FROB podía fijar valores de canje para asegurarse de que los acreedores absorban el suficiente porcentaje de pérdidas.

El 29 de enero de 2013 el PP y el PSOE acordaron la creación de una comisión de seguimiento para decidir el perfil de cliente que puede optar al arbitraje para recuperar la totalidad de las inversiones en preferentes.

El 22 de marzo el Gobierno aprobó un real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes que obliga a la banca a aportar al FGD cerca de 2.000 millones de euros para pagar a los preferentistas de NCG Banco y CatalunyaBanc.

El 11 de abril el Congreso validó el real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes ante las protestas de los afectados, que fueron desalojados del hemiciclo

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