Justicia universal para evitar espacios de impunidad frente a genocidas

El Gobierno trabaja en recuperar la justicia universal para evitar la impunidad, ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha asegurado hoy que se busca el consenso para recuperarla, "una herramienta fundamental para la cooperación judicial internacional para que no haya espacios de impunidad frente a genocidas, narcotraficantes o terroristas".
La ministra de Justicia, Dolores Delgado durante una intervención en el Congreso. EFE/ArchivoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado durante una intervención en el Congreso. EFE/Archivo

 

Dolores Delgado ha respondido en el Congreso a una pregunta de la diputada del PP María Jesús Moro sobre los criterios utilizados para la selección del Comité de Expertos para recuperar la Justicia Universal que la parlamentaria popular no ve objetivos.

La titular de Justicia ha asegurado que se han seguido criterios de “capacidad técnica y experiencia personal y profesional en la jurisdicción universal”.

Ha puesto como ejemplo el de Jose Ricardo De Prada, “magistrado desde hace 28 años en la Audiencia Nacional, que desde 2012 es juez internacional para tribunales internacionales, desde 2014 punto de contacto de la Red de la Unión Europea sobre Genocidio, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra y actualmente miembro del Tribunal Penal Internacional”.

María Jesús Moro ha comentado que “España no se merece una ministra a la que no le importa la justicia, que parece la mano visible de una sombra que planea en el Ministerio de Justicia, que coloca a sus peones y que parece que ha venido más a dar cauce a vendetas que a ejecutar políticas”.

“Los nombres de expertos como De Prada y Ollé,…y el que no está pero está, Garzón -en referencia al exjuez Baltasar Garzón-, no son objetivos, y no atiende al rigor incorporar jueces que intervienen en ciertos procedimientos o bien a aquellos que hacen de la materia de la jurisdicción universal su propio beneficio”.

Moro le ha reprochado a la ministra que “prefiere a quienes defienden a atacantes a guardias civiles en Alsasua (Navarra) y a amigos que nos retrotraen a cacerías y reuniones no profesionales pero que concluyen en decisiones profesionales”.

La ministra también ha respondido a otra pregunta de la diputada del PP María Jesús Bonilla sobre la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por Carles Puigdemont y varios exconsejeros catalanes huidos.

Delgado ha insistido en que el Gobierno defiende con “absoluto rigor” y de manera responsable, transparente, técnica y profesional la soberanía jurisdiccional española y, con ello, al magistrado del Supremo.

 

PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA UNIVERSAL, EN ESPAÑA 

La aplicación del Principio de Justicia Universal tiene como objetivo juzgar todas las violaciones sistemáticas o masivas a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, formalizando a la humanidad como sujeto de Derecho y digno de protección jurídica. Por esta razón se insta a los Estados a castigar a los responsables de este tipo de crímenes, de manera independiente a su nacionalidad y al lugar donde se hayan cometido.

Las fuentes del Derecho de las que se nutre son la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que data del 9 de diciembre de 1948; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de noviembre de 1968, y los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, del 3 de diciembre de 1973.

En la legislatura española el Principio de Justicia Universal se materializó a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se establece la competencia de la jurisdicción española para juzgar, entre otros, los delitos de genocidio y terrorismo cometidos fuera de sus fronteras aunque sus autores fuesen personas extranjeras.

La aplicación en España del principio de jurisdicción penal universal se estableció tras un fallo histórico del Tribunal Constitucional, que en octubre de 2005 falló, respondiendo a un recurso de la guatemalteca Rigoberta Menchú, que la justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas.

La Audiencia Nacional había empezado a investigar los delitos cometidos durante las dictaduras militares argentina y chilena en 1996, pero había rechazado otras querellas por violaciones de derechos humanos perpetradas en el extranjero. La detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a petición del juez Garzón, en octubre de 1998, tuvo un gran impacto internacional y supuso un significativo avance.

El Congreso de los Diputados puso limites a la aplicación en España de la jurisdicción universal en octubre de 2009 al aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que restringe la actuación de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.

Una nueva reforma limitó todavía más la aplicación en España del Principio de Justicia Universal. La reforma, aprobada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2014, con los únicos votos favorables del PP entró en vigor el 15 de marzo. EFE

 

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