Cataluña, los independentistas cambian las reglas del parlamento para la consulta

El principal reproche que se hace a los partidos independentistas catalanes es que la consulta anunciada para el 1 de octubre, que pretenden que sea un referendo de autodeterminación, se encuentra fuera del marco legal vigente. No es un derecho que contemple la Constitución Española, que en su artículo 2 proclama la "indisoluble unidad" de la nación española, ni tampoco el Gobierno ha otorgado una prerrogativa al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que pueda convocar una votación de este tipo.
Imagen de una pequeña urna de cartón entre los escaños vacíos del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/Quique GarcíaImagen de una pequeña urna de cartón entre los escaños vacíos del Parlament de Cataluña. EFE/Archivo/Quique García

 

Marta Vergoñós

Por este motivo, las formaciones partidarias de la independencia diseñaron una estrategia para dotarse de forma unilateral de una nueva legalidad que sí que ampare la consulta.
Se trata de las denominadas leyes de “desconexión”, y son tres: la Ley de desarrollo de la Hacienda Catalana, la Ley de Seguridad Social Catalana y la Ley de Transitoriedad Jurídica. Ésta última, cuyo contenido se desconoce, es la que tendría que sustituir el actual marco jurídico español en caso de que el 1 de octubre gane el “sí” a la independencia y la Generalitat la proclame en 48 horas, tal y como el gobierno autonómico dijo que haría si el resultado es favorable a sus aspiraciones, sea cuál sea la participación.
Más allá de estas tres leyes, también está la Ley del Referéndum, que ya está redactada y ya se ha presentado en público. Inicialmente incluida dentro de la Ley de Transitoriedad Jurídica, pero finalmente se tramitará por separado, presumiblemente al inicio del nuevo curso parlamentario, después de las vacaciones de verano.
Reforma exprés del reglamento del parlamento.
El Gobierno, por su parte, sigue con lupa todos los movimientos relacionados con la consulta desde hace meses, también la posible aprobación de estas leyes. Por este motivo, los partidos del bloque independentista, que forman la coalición gobernante, Junts pel Sí (JxSí), y la CUP han dado luz verde esta semana una reforma del reglamento del parlamento autonómico que pretende dejar al Ejecutivo de Mariano Rajoy sin margen para impugnar las leyes de “desconexión”.
Concretamente, la mencionada reforma prevé que se puedan tramitar y aprobar las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios en un solo día. Este procedimiento abreviado de tramitación, conocido como “lectura única”, hasta ahora solamente era válido para los proyectos de ley del Govern.
Además, no solamente la oposición en bloque se ha opuesto a la modificación, sino que también lo han hecho los letrados del parlamento y del Consejo de Garantías Estatutarias, que es el máximo intérprete del Estatuto de Autonomía, la máxima ley de Cataluña.
El argumento para el rechazo es que este procedimiento abreviado está previsto para cuestiones de poca relevancia o trascendencia política, pero no para un asunto de calado como la secesión.
De hecho, pocas horas después de que JxSí y la CUP sacaran adelante la reforma, el presidente Mariano Rajoy, pidió undictámen urgente al Consejo de Estado para saber si esta modificación se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC).
El parlamento abrirá el 16 de agosto.
La gran incógnita ahora es el calendario que seguirán los partidos independentistas y la Generalitat antes del 1 de octubre. Lo que sí que es un hecho es que este año las vacaciones serán más cortas para los diputados catalanes, ya que el parlamento autonómico abrirá el 16 de agosto en vez del 1 de septiembre, que es lo habitual, gracias a una enmienda presentada por JxSí, el partido que respalda al gobierno catalán.
Aunque, de momento, el primer pleno está fijado para el 6 de septiembre, los partidos independentistas han pedido a sus parlamentarios que a partir de mediados de agosto estén disponibles para acudir a Barcelona, que es donde está la cámara catalana, en menos de dos horas. Una consigna similar habría salido del Gobierno español, que habría pedido a sus ministros, así como a algunos jueces y senadores, que a partir del 15 de agosto estén pendientes de una posible llamada, y a menos de dos horas en avión de Madrid. EFE

 

 

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Publicado en: Análisis